Expediente Nº.13.024.-


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
197° y 148°

SENTENCIA DEFINITIVA

“Vistos”: Los antecedentes procesales.

Demandante: LEONARDO BOSCÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 7.768.233, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, representado judicialmente por los profesionales del Derecho PASQUALINO VOLPICELLI, PEDRO GONZALEZ, LUIS CASTELLANOS, CRISPULO RODRIGUEZ, JOSE GUZMÁN, GASTON GONZALEZ PACHECO, LONGINO ANTONIO OCHOA URDANETA, y CARLOS MANUEL VILLAROEL ORDAZ, identificados en las actas procesales.

Demandada: LABORATORIOS TOPP C.A. registrada ante la Oficina del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha Diez (10) de junio de 1.993, anotada bajo el número 34, Tomo:118-A Sgdo. representada por los profesionales del Derecho ANDRES VERMIGLIO y DILIA BLANCO.

Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-



ANTECEDENTES PROCESALES
Ocurre en fecha 05 de Junio de 2.001, el ciudadano LEONARDO BOSCÁN antes identificada, asistido judicialmente por el abogado en ejercicio PASQUALINO VOLPICELLI, interpuso pretensión por PRESTACIONES SOCIALES, en contra de LABORATORIOS TOPP C.A., identificada ut supra; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa al extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Recibido el presente expediente, proveniente del Archivo Central con motivo de la clasificación de las causas en el estado que se encuentran, conforme al artículo 197 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en virtud de la Resolución de fecha 13 de Octubre de 2003, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que suprimió los Juzgados de Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y a su vez crearon los Tribunales de Primera Instancia y Superiores para el Régimen Procesal Transitorio de Trabajo del Circuito Judicial de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en consecuencia la presente causa pasó al conocimiento de este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22 de Enero de 2004.
Cumplidas todas las formalidades pertinentes, pasa este sentenciador a resolver la presente causa sintetizando los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso, o documentos que consten en el expediente, por mandato expreso de Ley.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE
-Que el accionante inicio sus labores en la empresa demandada LABORATORIOS TOPP, C.A., desde el día 22/05/95 hasta el día 17/01/01 (tiempo laborado 05 años, 07 meses, 26 días) fecha en la cual fue Despedido Injustificadamente. –Que al inicio de la relación laboral era requisito indispensable registrar una Sociedad Mercantil SERVICIOS AGROPECUARIOS LAB, C. A., y así la empresa demandada autorizaba a la mencionada Sociedad Mercantil para la venta de sus productos. -Que el accionante se desempeño en el cargo de Vendedor y su labor consistía en: Vendía productos fabricados por la demandada en el territorio de los Estados Zulia, Mérida, Trujillo, Lara, y Falcón. Cobraba el monto de lo debido. –Que devengaba un salario de Bs. 900.000, oo, es decir un salario diario de Bs.30.000, oo, integrado por comisiones y renta básica de línea celular. -Que el accionante prestó servicios personales a la empresa, bajo subordinación y dependencia. -Que la demandada simuló la relación laboral con contratos de naturaleza mercantil. –Que la empresa lo obligo a firmar una supuesta cancelación de prestaciones sociales calculadas desde 22/05/95 al 18/06/97, - Reclama los siguientes Conceptos:
-Días de Descanso y Feriados: (349) Días X Bs.30.000, oo= Bs.10.470.000, oo.
-Vacaciones: (85) Días X Bs.30.000, oo= Bs. 2.550.000, oo.
-Vacaciones Fraccionadas: (11.65) Días X Bs.30.000, oo= Bs. 349.500, oo.
-Bono Vacacional: (75) Días X Bs.30.000, oo= Bs. 2.250.000, oo.
-Bono Vacacional Fraccionado: (8.75) Días X Bs.30.000, oo= Bs. 262.500, oo.
-Utilidades: (300) Días X Bs.30.000, oo= Bs. 9.000.000, oo.
-Preaviso: (60) Días X Bs.36.250, oo (Salario incluyendo la cuota de utilidad y el Bono Vacacional) = Bs. 2.175.000, oo.
-Indemnización por Despido: (150) Días X Bs.36.250, oo= Bs. 5.437.500, oo.
-Antigüedad Legal: (210) Días X Bs. 36.250, oo = Bs.7.612.500, oo.
-Antigüedad Adicional: (8) Días X Bs. 36.250, oo = Bs.290.000, oo.
-Antigüedad (Régimen Anterior): Salario Diario Bs.24.065, 70(Año 97) = Bs.1.443.942.
-Compensación -Transferencia: Salario Diario Bs.19.694, 48 (Año 96) = Bs.1.181.668,8
-Retención Ilegal de ingresos: Bs.1.868.259, 74.
-Cantidad Total: Bs.44.890.870, 54 por los Conceptos discriminados con anterioridad.
- Solicito la Experticia Complementaria del Fallo, Corrección Monetaria o Indexación judicial.
ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
La representación judicial de la parte demandada en la oportunidad para dar contestación al fondo de la demanda lo realizó en los siguientes términos:
- Opone como Punto Previo La Falta de Cualidad o Interés del demandante y de la Demandada, para sostener el presente juicio, ya que nunca laboró en la empresa.
-Hechos Ciertos: La demandada alega que mantuvo una relación mercantil con el accionante como presidente de la empresa SERVICIOS AGROPECUARIOS LAB, C. A. -Hechos que Niega, Rechaza y Contradice:- Que el accionante haya prestado servicios personales, bajo subordinación para la empresa demandada.-Niega todos y cada uno de los alegatos de la parte actora en su documento libelar. -Que la empresa le adeude al accionante la cantidad total de Bs. 44.890.870, 54 discriminados en el documento libelar, por concepto de Prestaciones Sociales.
HECHOS CONTROVERTIDOS
Se encuentran dentro del debate probatorio los siguientes hechos: -La Falta de Cualidad e Interés, de la parte actora y la parte demandada. -La relación laboral del actor, ya que la empresa demandada alega que mantuvo una relación mercantil.-El tiempo Laborado. –El salario, las prestaciones sociales adeudadas.

DEL DEBATE PROBATORIO
En virtud de los principios de exhaustividad y de autosuficiencia del fallo, que tienen su fundamento en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 243 eiusdem, este Juzgador, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a proceder al análisis de las pruebas aportadas por las partes al proceso.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
1.- Invoca el mérito favorable que arrojan las actas procesales.
Esta invocación tiene vinculación con los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba, según los cuales, todo cuanto se afirme, se aprehenda, se exhiba, y en general todas aquellas pruebas aportadas en causa pertenece al proceso y no a las partes, por lo que las misma serán utilizadas para demostrar las pretensiones y excepciones, sin importar la persona de su promovente, en función de la justicia pretendida y concretada en la sentencia de mérito. Así se Decide.
2.- Invoca la Confesión Ficta, en razón de que la demandada al dar contestación a la demanda no dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo.
3.- Pruebas Documentales: Ratificó todos los Documentos presentados junto al escrito libelar.
- Constancia de Trabajo, en original, expedida por el Gerente de Mercadeo y Ventas de la empresa LABORATORIOS TOPP C.A. ciudadano Dr. Giuseppe Manila, de fecha 22/12/2000, evidenciándose un promedio de ingresos mensuales de Bs.900.000.
- Comunicaciones en original, dirigidas al demandante emanadas por el Jefe de Crédito y cobranzas Lic. Wladimir Segovia, de la empresa LABORATORIOS TOPP C.A., en (04) folios útiles con (06) anexos constantes de (04) folios útiles.
- Memos en original, dirigidos al demandante por el Jefe de Crédito y cobranzas Dr. Lic. Wladimir Segovia de la empresa y la Asistente de Créditos y Cobranzas Madelein Castellanos de LABORATORIOS TOPP C.A., en (04) folios útiles.

- Comunicaciones en original, dirigidas al demandante emanadas por el Gerente de Ventas de la empresa LABORATORIOS TOPP C.A. Dr.Miguel Martínez, en (06) folios útiles con (09) anexos constantes de (09) folios útiles.
- Memorando en original, dirigido al demandante por el Gerente General de Créditos y Cobranzas de LABORATORIOS TOPP C.A. Dr. Raúl Silvestri, en (09) folios útiles.
- Comunicación en original, dirigida al demandante por el Gerente de Mercadeo y Ventas de LABORATORIOS TOPP C.A. Dr.Giuseppe Manilia, en (03) folios útiles.
- Comunicación en original, dirigida al demandante por el Departamento de Sistemas de LABORATORIOS TOPP C.A. Dr. Carlos Corrales, en (01) folio útil.
- 12 Tarjetas de Presentación del accionante, en (02) folios útiles, suministradas por LABORATORIOS TOPP C.A.
- Talonario de Recibos de Cobro totalmente en blanco, suministrado por la empresa demandada, el cual va desde el No.9401 al 9450.
- Facturas, en copia al Carbón constantes de (189) folios útiles, expedidas por la empresa demandada a sus clientes durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, debidamente atendidos por el accionante.
- Comprobantes de Pagó, en copia al Carbón constantes de (189) folios útiles, expedidas por el accionante a favor de los clientes de la demandada durante los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999.
Las mencionadas Documentales no fueron impugnadas, tachadas o desconocidas por la parte demandada y siendo que este juzgador aprecia que de las mismas se desprende la prestación de servicio del accionante entre el demandante razón por cual este juzgador las estima y aprecia en su justo valor probatorio en favor de la parte accionante, todo de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se Decide.

4.- Prueba Testimonial, Solicitó la testimonial jurada de los ciudadanos: ENDER RAMON HERNANDEZ NEGRON, OSWALDO ANTONIO ACURERO POLANCO, ROMUALDO ANTONIO LOPEZ PEREZ, DELFIN ANTONIO ARIAS, NELSON ENRIQUE CONNELL GONZALEZ, ZOBEYDA VILLARREAL, EVELIO ENRRIQUE FINOL, CIRO GONZALEZ, SANDRA NUÑEZ, EURO NUÑEZ, ZAPHIRE ACOSTA y EDUARDO NEGRETTE GARCIA, identificados suficientemente en las actas procesales.
Con relación a los ciudadanos ENDER RAMON HERNANDEZ NEGRON, OSWALDO ANTONIO ACURERO POLANCO, ROMUALDO ANTONIO LOPEZ PEREZ, DELFIN ANTONIO ARIAS, NELSON ENRIQUE CONNELL GONZALEZ, ZOBEYDA VILLARREAL, EVELIO ENRRIQUE FINOL, CIRO GONZALEZ, SANDRA NUÑEZ, EURO NUÑEZ, ZAPHIRE ACOSTA y EDUARDO NEGRETTE GARCIA, se evidencia de las actas que los mismos no comparecieron a rendir sus testimonios por lo que este juzgador no emite criterio de valoración alguna. Así Se Decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
En la oportunidad procesal correspondiente la representación judicial de la parte demandada LABORATORIOS TOPP C.A., no consignó escrito de promoción de pruebas.
OBJETO CONTROVERTIDO
La presente causa ha quedado delimitada en la Negación de la Relación de trabajo por parte de la demandada. De la misma forma el accionante argumenta la prestación del servicio, reclamando sus prestaciones sociales y las comisiones que se derivaron de las ventas por las efectuadas.

De conformidad con el criterio reiterado de esta Sala desde la sentencia No. 489 de 13 de agosto de 2002, admitida la prestación personal de servicio, corresponde ahora determinar si los hechos establecidos por apreciación de las pruebas, desvirtúan los elementos de la relación de trabajo aplicando el test de dependencia.
a) Forma de determinar el trabajo: el trabajo consiste en la distribución y venta de malta y cerveza en una ruta determinada y con carácter de exclusividad propios de un contrato de distribución mercantil.
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo: la empresa establece la hora de entrega de los productos y el distribuidor es libre de organizar su jornada de trabajo diario y la mejor manera de cubrir su ruta de distribución.
c) Forma de efectuarse el pago: consta de las facturas consignadas que el actor pagaba un precio por la compra de sus productos y cobraba otro por la venta, de cuya diferencia y cantidad de productos resulta su ingreso.
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: el trabajo puede realizarse en forma personal o delegada en otro personal el cual es responsabilidad del actor.
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria: si bien el vehículo es propiedad de la demandada, el actor asume los gastos de mantenimiento del mismo de conformidad con el contrato de comodato.
f) Otros: asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria. El actor es responsable de la variación de sus ingresos según la cantidad de productos vendida y el mismo determina si realiza el trabajo de manera personal o delegada, lo cual afectará la exclusividad del servicio personal para la empresa. Lo que sí es exclusivo es que no se puede distribuir en el vehículo otros productos que no sean los vendidos por la empresa.
PUNTO PREVIO
Vistos los alegatos de las partes, y antes de resolver sobre el fondo de la controversia, debe necesariamente este juzgador, proceder al análisis de la falta de cualidad alegada por la parte accionada y la Prescripción de la Acción.

1.- De la Defensa de Falta de Cualidad alegada por la demandada.

En tal sentido, cabe señalar que para obrar o contradecir en juicio es necesario que las partes afirmen ser titulares activos y pasivos de la relación material controvertida y soliciten al Juez una decisión de mérito sobre la misma. Ya que la legitimación es un requisito o cualidad de las partes; porque las partes son el sujeto activo y pasivo de la pretensión que le hace valer en la demanda y por tanto como tales sujeto de la pretensión es necesario que tengan legitimación.
La legitimación funciona como un requisito de legitimidad del contradictorio entre las partes. Ya que la legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil que para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual, que reviste el interés procesal y el interés sustancial, entendiendo el primero como la necesidad de acudir al proceso como único medio de obtener la prometida garantía jurisdiccional y el segundo el aspecto medular del derecho subjetivo material, en cuanto se considera un interés protegido por la Ley, es decir, legítimo.

Apunta el procesalista HENRIQUEZ, RICARDO, 1.995. La norma in comento no se refiere al interés sustancial, sino al interés procesal y en éste último se presentan tres tipos: por falta de cumplimiento, por falta de certeza o por exigir la ley el proceso.

En tal sentido aclaró el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia de fecha: 14-07-2003, los concepto de legitimación o cualidad para ser parte en juicio, con el fin de establecer si la misma se refiere al fondo de la controversia o es una formalidad (esencial o no) de la consecución de la justicia, ya que anteriormente se confundían, los conceptos de legitimación de las partes, con la titularidad del derecho solicitado y con el interés personal necesario para accionar.

La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho.
Si la parte actora afirma ser titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa, incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.
En análisis de lo anteriormente expuesto se deduce que el Juzgador para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva (Confrontar sentencia de fecha: 14-07- 2003 Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional).

Ahora bien, alega el profesor Napoleón Goizueta Herrera citando al Jurista Mario de La Cueva, en su obra “De la Relación de Trabajo”, afirma: “La relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la declaración de derechos sociales, de la Ley del Trabajo, de los Convenios Internacionales, de los Contratos Colectivos y Contratos-Ley y de sus normas supletorias.

Por otra parte, el artículo 67 de la Ley Orgánica del trabajo establece: “El Contrato de Trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración”
Del estudio que hace este Juzgador a la presente causa se aprecia con palmaria claridad que la demandada negó la relación de Trabajo bajo el argumento que la única Relación entre el accionante y la demandada es de Naturaleza Mercantil sin embargo la accionada no presento pruebas en la oportunidad legal correspondiente; más sin embargo este juzgador haciendo uso del principio de Adquisición y comunidad de la prueba al entrar a la valoración de las pruebas del demandante debe hacer uso de la sana critica y de todos los conocimientos adquiridos a los fines de determinar el objeto controvertido en la presente causa.

Debe señalar igualmente este juzgador que en cuanto a la falta de cualidad alegada por la demandada la misma ya fue decidida por el extinto Juzgado Segundo de Primera instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así Se Decide.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
El proceso viene a erigirse como el instrumento de que se valen los justiciables para someter ante la jurisdicción la tutela de sus derechos e intereses, y el mismo se desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados Entre ellos encontramos el principio de igualdad de las partes, siendo este uno de los garantes de una justicia accesible, idónea, equitativa y expedita. Asimismo, en materia de derecho social el legislador patrio, a lo largo del desarrollo de la justicia laboral, y a los fines de mitigar la desigualdad económica existente entre patrono y trabajador, ha sancionado un conjunto de normas contentivas de principios e instituciones que permiten un trato igualitario de las partes en el proceso y; dentro de las cuales encontramos, la presunción de laboralidad, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según la cual “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba” y el régimen de distribución de la carga de la prueba, previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, que disponen lo siguiente:
“Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o quien los contradiga, alegando nuevos hechos que configuren su pretensión o quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador cualquiera fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.
De manera que conforme a lo previsto en los citados artículos, el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, se fijará dé acuerdo con la forma en la que el accionado dé contestación a la demanda, debiéndose ratificar una el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de marzo de 2.000, con ponencia del Magistrado DR. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, caso JESÚS E. HENRÍQUEZ ESTRADA contra ADMINISTRADORA YURUARY C.A., contentiva de la doctrina judicial vigente en materia de Contestación de la demanda Laboral, la cual es del siguiente tenor:
“Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.
Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.
Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.

Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
1.- Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
2.- Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.
Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.” (Omissis)

Tal preocupación se corresponde con la problemática de las llamadas zonas grises del Derecho del Trabajo, y sobre las cuales la Sala ha advertido lo siguiente:
Reconoce la Sala los serios inconvenientes que se suscitan en algunas relaciones jurídicas al momento de calificarlas dentro del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo. Es significativa al respecto la existencia de las denominadas “zonas grises” o “fronterizas”, expresiones explicativas de aquellas prestaciones de servicio cuya cualidad resulta especialmente difícil de determinar como laboral o extra laboral. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 28 de mayo de 2002).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez establecida la prestación personal del servicio surgirá la presunción de laboralidad de dicha relación.
Por otra parte, podrá contra quien obre la presunción desvirtuar la misma, siempre y cuando alcance a demostrar, que la prestación de servicio ejecutada no concuerda con los presupuestos para la existencia de la relación de trabajo.
Nuestra legislación del trabajo concibe a la relación de trabajo, como una prestación personal de servicio remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro.
La acepción clásica de la subordinación o dependencia se relaciona, con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono, y que comprende para éste, el poder de dirección, vigilancia y disciplina, en tanto que para el primero es la obligación de obedecer.
Por lo general todos los contratos prestacionales contienen la subordinación como elemento para la adaptación conductual de las partes a los fines de garantizar la concreción del objeto mismo del negocio jurídico, de tal manera que la dependencia no puede continuar considerándose el eje central y casi exclusivo para calificar una relación como de naturaleza laboral.
Pero entiéndase, que no por ello disipa su pertinencia, perdura como elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe complementarse con otros elementos y nuevos criterios.
De esto surge la utilidad de la ajenidad como elemento calificador de las relaciones enmarcadas en el Derecho del Trabajo, la cual viene a suplir las inconsistencias que presenta la dependencia como eje medular de la relación laboral.
Cuando quien presta el servicio se inserta dentro de un sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona, el dueño de los factores de producción, que asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto, obligándose a retribuir la prestación recibida; es lógico justificar que este ajeno adquiera la potestad de organizar y dirigir el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es precisamente en este estado cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, como una emanación de la misma. De modo que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.
Todas las conclusiones expuestas por esta Sala resultan encauzadas a la aplicación de un sistema que la doctrina a denominado indistintamente “test de dependencia o examen de indicios”.
Arturo S. Bronstein, señala que el test de dependencia es una de las herramientas esenciales para determinar cuando una persona que ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra, ha establecido o no una relación de trabajo con la misma. A través de los mismos se puede formular una sistematización, con el fin de distinguir lo fraudulento de lo que no lo es, clarificar las situaciones ambiguas, y por esta vía extender la protección de la legislación laboral a quienes prima facie estarían ejecutando trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de naturaleza civil o comercial.
A tal efecto, expuso una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:
a) Forma de determinar el trabajo;
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo;
c) Forma de efectuarse el pago;
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario;
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria;
f) Otros: asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria. (Arturo S. Bronstein,
Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).
Adicionalmente, la Sala ha incorporado a los criterios arriba presentados, los siguientes:
a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.
d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.

De tal modo que el análisis de las circunstancias de hecho de cada caso en particular permitan determinar la verdadera naturaleza jurídica de la prestación personal de servicio prestada.
DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA
Alega el actor que comenzó a prestar servicios personales a la sociedad mercantil, LABORATORIOS TOPP, C. A en los meses previos del año 1995 pretendiendo simular una relación comercial mediante la suscripción de un contrato privado de distribución en el cual se estableció la obligación de distribuir
En la contestación a la demanda, la demandada negó la relación laboral y señalo la existencia de una Relación de carácter Mercantil; y, negó que la mencionada prestación del servicio del accionante tuviera carácter laboral alegando que la existencia de la Relación entre el accionante y la accionada es de carácter Mercantil, y para ello se celebraron varios contratos de índole comercial o mercantil entre las dos empresas es decir entre SERVICIOS AGROPECUARIOS LAB, C.A (SALAB, C.A) y la sociedad Mercantil LABORATORIOS TOPP, C.A, pasando este juzgador a la valoración de las pruebas promovidas por el actor de las mismas se desprenden unos contrato de trabajo firmados por ambas empresas mediante el cual el recurrente de autos actúa en su condición de Presidente de la sociedad Mercantil SERVICIOS AGROPECUARIOS LAB, C.A (SALAB, C.A) los cuales este juzgador aprecia y estima en su justo valor probatorio toda vez que constituye un documento publico a tenor de lo establecido en el articulo 1.357 del Código Civil que debe ser apreciado en favor de la demandada en atención al principio de adquisición y comunidad de la prueba. Así Se Decide.
De los extractos de la recurrida y el criterio jurisprudencial expuesto, la Sala observa que la dependencia y/o subordinación está presente en todos los contratos prestacionales -civiles, laborales y mercantiles- con la finalidad de garantizar el cumplimiento del objeto o negocio jurídico pactado; de tal modo que la dependencia no debe considerarse el punto exclusivo para calificar una relación como de naturaleza laboral, por lo que a la luz de las nuevas tendencias jurisprudenciales proteccionistas del hecho social trabajo surge la ajenidad como fuente disipadora de las dudas que presenta la dependencia como eje central de la relación laboral.

Así las cosas, existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal- trabajador- se hace parte del sistema de producción añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto- ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida- remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro.
Ahora bien, este juzgador aprecia que del estudio minucioso que hace a las actas procesales muy especialmente a las pruebas promovidas por el propio accionante se desprende una serie de contradicciones entre si de las mismas, por cuanto el ciudadano demandante LEONARDO BOSCAN quien alega ser vendedor de la sociedad Mercantil LABORATORIOS TOPP, C.A, en algunas documentales de carácter privado aparece como Representante de ventas, folio 158, 163, 167 al 169, 193, 195, 196, 197 y 200 del físico del presente expediente, aunado al hecho de haber promovido con el libelo de demanda el Registro de Comercio y los contratos celebrados con la demandada; por lo que considera este juzgador que por encontrarnos frente a una situación que encuadra dentro de las llamadas Zonas Grisis, el accionante ha desvirtuado la presunción de laboralidad establecida en el articulo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, que existía con la constancia de trabajo al promover unas documentales que desvirtúan el cargo como vendedor y en las demás como doctor en el cual se observa que del contenido de las mismas no se desprende que realmente el mismo cumpliera funciones de venta en forma personal sino que realmente existiera una relación comercial entre ambas empresa en el cual el recurrente ciudadano LEONARDO BRACHO representaba en su condición de presidente de la sociedad Mercantil AGROPECUARIOS LAB, C.A (SALAB, C.A) vendiendo productos a la sociedad Mercantil LABORATORIOS TOPP, C.A, en consecuencia este juzgador debe declarar forzosamente la presente acción Sin Lugar. En atención al contenido de las decisiones No. 489 del 13-09-2002, Nº 584 del 17-10-2002, Nº 725 del 09-07-2004, Nº 1683 del 18-11-2005, Nº 1778 del 06-12-2005, y Nº 1780 del 06-12-2005 dictadas por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Así Se Decide.
DISPOSITIVO
Por los razonamientos expuestos en la parte motiva de este fallo, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSISTORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia por autoridad de la Ley, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declara:

1.- Se Declara SIN LUGAR la demanda por cobro de Prestaciones sociales, incoada por el ciudadano LEONARDO BOSCAN, en contra de LABORATORIOS TOPP C.A.
2.- No hay condenatoria en Costas dada la Naturaleza de la Acción.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese. - Déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se deja constancia que son apoderados judiciales de la parte demandante los abogados PASQUALINO VOLPICELLI, PEDRO GONZALEZ, LUIS CASTELLANOS, CRISPULO RODRIGUEZ, JOSE GUZMÁN, GASTON GONZALEZ PACHECO, LONGINO ANTONIO OCHOA URDANETA, y CARLOS MANUEL VILLAROEL ORDAZ, y de la parte demandada los profesionales del derecho ANDRES VERMIGLIO y DILIA BLANCO.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSISTORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. En Maracaibo a los Catorce (14) días del Mes de Agosto del Dos Mil Siete. – Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
El Juez.
Dr.-LUIS SEGUNDO CHACIN.
La Secretaria
En la misma fecha, siendo las Doce y quince de la tarde (01:00 p.m) se publicó el fallo que antecede previo el anuncio de ley por el Alguacil del Tribunal. Sentencia No-474º-07.


La Secretaria,


Exp: 13.024.-