REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 1

Causa N° 1Aa. 3435-07

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA PRIMERA

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL DRA NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO
Actuando esta Sala en Sede Constitucional

I

En fecha catorce de junio del año en curso, los profesionales del derecho José Gerardo Parra Duarte y Hans Noetzlin Galban, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 6537 y 9186, respectivamente, actuando en su carácter de Defensores en el proceso penal que se le sigue al ciudadano Richard Ivan Carrillo, por la presunta violación del derecho Constitucional previsto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; violaciones estas que refiere los accionantes, fueron materializadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por cuanto este órgano jurisdiccional había declarado sin lugar la solicitud de nulidad efectuada por los accionantes en la audiencia preliminar, por la presunta violación del derecho a la defensa y debido proceso por falta de aplicación del artículo 125.5, 131, 305, 281 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibida la causa en fecha 08 de enero de 2007, se realizo la distribución, correspondiéndole el conocimiento de la misma a la Juez que con tal carácter suscribe la presente decisión.


FUNDAMENTO DE LA ACCION DE AMPARO

Narra los accionantes como fundamento de la acción de Amparo, las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

“…En fecha once de Agosto de dos mil seis, el ciudadano RICHARD 1VAN CARRILLO rinde declaración por ante la Fiscalía Trigésima quinta del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y, en esa oportunidad, solicita la práctica de las siguientes diligencias: (…) El Artículo 49 de la vigente Constitución, consagra la garantía del debido proceso y, en su numeral 1°, el derecho a la defensa, cuando expresamente establece que toda persona tiene derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. El COPP, en su Artículo 305, establece claramente que: “El imputado, las personas a quienes se (es haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al Fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente corresponden. A esto se suma que, conforme a lo previsto en el Ordinal 5° del Artículo 125 del COPP, el imputado tiene derecho a “pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen.” Además, el Artículo 131 procesal, dispone que al imputado “...Se le instruirá también de que la declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaigan, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias.” Resumiendo: nuestro defendido, RICHARD IVAN CARRILLO, al momento de rendir declaración ante el Ministerio Público, solicita la práctica de diligencias adecuadas a su derecho de defensa y con fundamento en los Artículos 1255, 131 y 305 del COPP, pruebas que, en ningún momento fue ordenada su realización por el Ministerio Público omitiendo exponer razonadamente os fundamentos de su negativa, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el Artículo 305, in fine, del Código Pro pues, con fundamento en esa decisión negativa, la defensa está en capacidad de activar el Artículo 282 del Código Procesal Penal, concretamente, la revisión de esa negativa unte el Juez de Control y, con base en esa decisión, surge el derecho a interponer el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 5° del Artículo 447 ejusdem. Ante esta evidente omisión del Ministerio Público, al no ordenar oportunamente la práctica de las diligencias solicitadas por nuestro representado, así como la falta de pronunciamiento contrario a ese pedimento, ello constituye una innegable violación a los derechos fundamentales de nuestro defendido, concretamente el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso que, en todo caso, menoscaban su intervención en la investigación adelantada por el Ministerio Público, lo cual constituye una Causal de nulidad absoluta del acto conclusivo, en virtud de haberse violado las normas antes citadas, que hace procedente a nulidad de lo actuado de conformidad con el Artículo 191 del COPP. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo 280 del Código Procesal, en el cual se señala que la fase preparatoria del proceso tiene “por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del Fiscal y la defensa del imputado” lo cual no se cumple en el presente caso pues el Ministerio Público, al obviar el pedimento de nuestro defendido incumple el objetivo de búsqueda de la verdad; al mismo tiempo que le conculca el derecho a la defensa y, consecuencialmente, violenta el Artículo 281 ejusdem, que dispone que “el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle...” a lo cual se da cumplimiento agotando la investigación con la práctica de todas las diligencias que indiquen las partes, concretamente, víctima, imputado y Ministerio Público. Es por estas razones que, en la Audiencia Preliminar y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 del COPP, la defensa solicitó declaratoria de nulidad del acto conclusivo presentado por el Ministerio Público y que, el Juzgado de Control ordenara a la Representación Fiscal la práctica de las diligencias solicitadas oportunamente por el ciudadano RICHARD IVAN CARRILLO, en el acto de rendir su declaración por ante la Fiscalía Trigésima quinta del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En fecha dieciséis de Enero del presente año dos mil siete, se celebra la Audiencia Preliminar ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Estado Zulia, el cual niega el pedimento de la defensa, con los siguientes argumentos: (…) Nos sorprende el que el Juez de Control, en el considerando transcrito, refiera cuestiones que en ningún momento ha planteado la defensa. Veamos: 1.- Refiere que no “se han violado derechos y garantías fundamentales del ciudadano RICHARD IVAN CARRILLO, ya que el mismo ha sido asistido y representado por defensores debidamente acreditados...” La Defensa en ningún momento ha referido situación alguna de indefensión en este aspecto. 2.- Que “. . . en ningún momento se ha coartado ó limitado la intervención de sus defensores en la presente causa... entendiendo que no existe violación alguna que pueda dar lugar a una nulidad absoluta de las actuaciones, del Ministerio Público...” Tampoco la defensa ha formulado planteamiento alguno acerca de que se le haya coartado ó limitado su intervención. 3.- Que “. . . la acusación como acto conclusivo cumple con todos los requisitos exigidos por el Artículo 326 del COPP...” En ningún momento la defensa hace planteamiento en torno a que la acusación adolezca de defectos de forma ó de fondo pues, en todo caso, ello no sería materia de nulidad sino de excepción y, la defensa no ha hecho planteamiento de esta índole. 4.- Que “... la investigación se realizó conforme a derecho sin ningún tipo de violación al debido proceso y al derecho a la defensa...” Esto jamás lo ha planteado la defensa. Lo que sí ha planteado la defensa es que el Ministerio Público omitió ordenar la práctica de las diligencias oportunamente solicitadas por el ciudadano RICHARD IVAN CARRILLO y la omisión de pronunciamiento contrario a ese pedimento, constituye una innegable violación a los derechos fundamentales de dicho ciudadano, concretamente el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, que menoscaban su intervención en la investigación del Ministerio Público, pues se han violado los Artículos 125.5, 131, 305, 282, 281 del COPP, en relación con el Artículo 49 de la vigente Constitución, que consagra la garantía del debido proceso y, en su numeral 1° el derecho a la defensa, que hacen procedente la Acción de Amparo Constitucional, que formulamos en este acto, en contra de la decisión judicial antes citada, de fecha dieciséis de Enero de dos mil Siete. Es evidente que la Fiscalía en ningún momento llamó a declarar a los ciudadanos JUAN AMEZAGA, ERIKA DE AMEZAGA y HULDA TERAN, a los fines de entrevistarles y que la mencionada en último término consignara el resultado de la investigación realizada por las Jefatura Escolar de San Francisco del Estado Zulia; si bien es cierto en una investigación de este tipo, no es necesario investigar hechos ocurridos en el pasado, nuestro defendido pidió a la Fiscalía investigar en el CICPC, la existencia de un presunto antecedente policial; tampoco se recabó información acerca de una afirmación que aportó la ciudadana LISBETH GONZALEZ, acerca de un presunto hecho similar del cual conoció POLISUR, en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. De modo pues que no es un antojo de nuestro mandante sino que, facultado por la Ley Procesal, puede solicitar la práctica de diligencias de investigación, tal como efectivamente lo hizo y, el Ministerio Público ha debido pronunciarse al respecto, en otras palabras ha debido dictar una resolución y no limitarse, como pretende el Juez de Control, a librar un simple oficio. Eso no es lo que establece la Ley sino que, si el Ministerio Público considera improcedente la práctica de las diligencias solicitadas, mediante una resolución niega el pedimento del imputado, que fue lo que se omitió en el presente caso. El Juzgado Tercero de Control, ordenó la apertura de juicio a nuestro defendido RICHARD IVAN CARRILLO pero, habiendo planteado en la Audiencia Preliminar, la declaratoria de nulidad del acto conclusivo presentado por el Ministerio Público, en la Causa N° 3C-1208-06, por la Fiscalía Trigésima quinta del Ministerio Público y, que ordene practicar las diligencias solicitadas por nuestro defendido, en el acto de rendir su declaración es por lo que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los Artículos 585 y Parágrafo Primero del Artículo 588, ambos del Código de Procedimiento Civil, pedimos decrete Medida Cautelar de Suspensión del Acto por el cual se ordena abrir juicio en contra del ciudadano RICHARD IVAN CARRILLO. Como pruebas consignamos copia certificada de la Acusación propuesta por la Fiscalía Trigésimaquinta (E) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra del Ciudadano RICHARD IVAN CARRILLO; del escrito de la defensa, a los fines de la Audiencia Preliminar; del acta de la Audiencia Preliminar y del Auto de Apertura a Juicio. Solicitamos se dé curso legal a la presente Acción de Amparo y que sea declarada CON LUGAR en la definitiva. Así mismo, sea tramitada con la urgencia que amerita, en atención a que ha sido ordenada la apertura de Juicio…”.


DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES


Debe previamente este Tribunal de Alzada, actuando en sede constitucional, determinar su competencia para conocer de la presente acción de Amparo y al efecto observa:

El presente Recurso de Amparo ha sido interpuesto contra una resolución Judicial, emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

Al respecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

Articulo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República actuando fuera de su competencia dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un Derecho Constitucional.
En estos casos la acción de Amparo debe interponerse por ante un Tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve sumaria y efectiva.

Por su parte, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en decisión Nro. 67, de fecha 09 de marzo de 2000, estableció:

“...Al respecto, observa este máximo Tribunal que, la acción de amparo constitucional prevista en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no está dirigida solamente a las sentencias o fallos judiciales, sino que la misma puede referirse a cualquier decisión o acto que realice el Juez que, en criterio del accionante, lesione sus derechos constitucionales. Así, corresponde al accionante determinar qué acto dictado por el Juez, es el que, en su criterio, lesionó sus derechos constitucionales...”.

Igualmente, la misma Sala Constitucional en decisión Nro. 2.347, de fecha 23 de noviembre de 2001, señaló:

“…De tal manera que, en el caso sub examine, habiéndose pronunciado la sentencia interlocutoria por un Tribunal de Primera Instancia, en atención a la doctrina establecida por esta Sala Constitucional en la citada decisión, le corresponde al Juzgado superior jerárquico conocer en primera instancia de la acción de amparo constitucional interpuesta y no a esta Sala Constitucional como erróneamente fue señalado por la representación de la parte accionante…”.

Así las cosas, esta Sala antes de entrar a conocer sobre la solicitud de amparo, declara su competencia para conocer del asunto en aplicación del articulo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como de los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de enero de 2000 ( Emery Mata Millan ) con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, donde se decidió que era competencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal el conocimiento de la Acción de Amparo como Primera instancia cuando esta sea intentada contra uno cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, bien sea Tribunal de Control, de Juicio o de Ejecución, y 8 de Diciembre de 2000 donde se fijan las reglas complementarias a la anterior decisión. ( caso Chanchamire Bastardo ).

En razón de lo antes expuesto, esta Sala Primera de Corte de Apelaciones se declara competente para conocer de la presente acción de Amparo constitucional interpuesta por los profesionales del derecho José Gerardo Parra y Hans Noetzlin Galban.

Antes de proceder a resolver sobre la admisibilidad o no del Recurso planteado, estima esta Juzgadora que resulta imprescindible determinar el objeto de la acción interpuesta y al efecto observa que el petitum del accionante esta dirigido a que se anule la decisión de instancia en la que se declaró sin lugar la nulidad planteada por la defensa.


DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada la competencia, se observa que, en el presente caso, la acción de amparo constitucional resultó ejercida, como quedó dicho, en contra del pronunciamiento emitido mediante decisión No. 079-07, de fecha 16 de enero de 2007, emanado del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual al término de la audiencia preliminar, entre otros pronunciamientos, declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa del ciudadano Richard Iván Carrillo, en la causa penal, que en sede ordinaria se sigue contra este ciudadano por la presunta comisión del delito de Actos Lascivos Violentos.

Ahora bien, señalado lo anterior precisa esta Sala, que el amparo constitucional en nuestro orden jurídico, ha sido concebido como un medio extraordinario de control de la constitucionalidad, a través del cual, se busca proteger las lesiones actuales o inminente de garantías y derechos fundamentales que nuestra constitución reconoce a las personas, cuando no existen vías ordinarias, eficaces e idóneas para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Por ello tratándose de un recurso de carácter excepcional, su ejercicio se encuentra supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones, que fijadas en la ley, y como resultante de la labor de revisión e interpretación que en está materia ha pautado la doctrina de Sala Constitucional, buscan evitar que el fin de protección estrictu sensu de derechos y garantías constitucionales -dado ese carácter extraordinario-, se vea desnaturalizado, mediante el ejercicio de recursos que conviertan la institución del amparo en una tercera instancia respecto de los asuntos que ya fueron conocidos y decididos por los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro. 18 de fecha 24 de enero de 2001 acorde con lo anterior, ha señalado:

“… El amparo constitucional es la garantía o medio a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a las personas. Esta acción está destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de los derechos y garantías inherentes a la persona, operando la misma según su carácter de extraordinario, sólo cuando se dan las condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de la institución de amparo de conformidad con la ley que rige la materia…”.

Ahora bien, precisa esta Sala que uno de los requisitos, que debe acompañar a la interposición del recurso de amparo constitucional, lo constituye la consignación “en la oportunidad de la interposición del recurso”, del instrumento poder que demuestre el carácter y la representación con la que dice obrar el abogado accionante; pues ello a tenor de lo establecido en el artículo 18 numeral 1 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, constituye una carga de quien acciona mediante esta vía.

En este sentido, debe precisarse que aún y cuando es cierto que el amparo constitucional busca establecer un medio oral y expedito de protección y restitución de derechos constitucionales violados o amenazados de violación; la solicitud en que se fundamenta debe ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece lo siguiente:

Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en ese caso con la identificación del poder conferido.
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante.
3) Suficientes señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancias de localización.
4) Señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación.
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo.
6) Y, cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
(Subrayado de la Sala)

Ahora bien, precisado lo anterior, observa esta Sala, que en el caso sub-examine, conforme se desprende del análisis efectuado, tanto a la solicitud de amparo, como del contenido de todas y cada una de las actas que acompaña el presente recurso, los accionantes no hacen mención, ni acompañan a su solicitud de tutela constitucional, instrumento poder alguno mediante el cual se demuestre el carácter de representante judicial con el que dicen actuar en nombre y representación del ciudadano Richard Ivan Carrillo; pues aún y cuando los abogados accionantes manifiestan claramente obrar como defensores del referido ciudadano en la causa penal que se le sigue en sede ordinaria; el procedimiento de amparo constitucional -salvo la garantía de la libertad y seguridad personal-, dado su naturaleza especialísima, exige que el accionante, acredite el carácter con el que obra en autos, el cual sólo podrá hacerse constar a través de la consignación del instrumento poder, al momento de consignar la solicitud de amparo.

En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro. 1.028 de fecha 30 de mayo de 2002, señaló que:

“…Luego del análisis de la solicitud de amparo constitucional, observa la Sala que el mencionado abogado no hizo identificación suficiente, ni de su persona ni de su representada y, además, no consta en autos instrumento-poder alguno que demuestre su carácter de representante judicial de la ciudadana Ediane Gualberto Coelho.
En este sentido es menester indicar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la demanda de amparo, sea propuesta en forma oral o escrita, está sujeta a requisitos de contenido, entre los cuales se encuentran los dispuestos en el cardinal 1, a saber: “los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido”…”

Ahora bien, verificado como ha sido por esta Sala, que los abogados accionantes se presentaron como defensores, sin acreditar una representación que demuestre el carácter con el que obra; resulta evidente que en el caso de autos, a tenor del criterio establecido por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisiones Nro. 1364 de fecha 27 de junio de 2005 y No. 2603 de fecha 12 de agosto de 2005, la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada inadmisible. Y ASÍ SE DECIDE.

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 2603 de fecha 12/08/2005, ratificando el criterio establecido en sentencia Nro. 1364 de fecha 27/06/2005, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, estableció que:

“…Al efecto, resulta oportuno precisar que, para el momento en que fue dictada la sentencia apelada, efectivamente se encontraba vigente el criterio vinculante de esta Sala respecto a la posibilidad de otorgar un lapso de 48 horas, conforme al artículo 19 de la referida Ley Orgánica para no sólo corregir los defectos de la solicitud de amparo constitucional a que se refiere el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino también para que se consignaran aquellos documentos que se consideraban indispensables acompañar a tal solicitud, como se estimaba el poder que acreditara la representación del abogado accionante.
Al respecto, esta Sala precisa que dicho criterio ha sido revisado respecto a la omisión de consignación del poder conforme al cual se dice actuar, producto de un reexamen del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual se puede evidenciar del fallo Nº 1364, del 27 de junio de 2005, al establecer:
"...Lo que se quiere destacar, es que ante la omisión de acompañar el respectivo poder con base en el cual se dice actuar como apoderado a la solicitud planteada, no podría dársele al querellante la oportunidad posterior de consignarlo con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que ello sería suplir omisiones de las partes más allá de la facultad establecida en el mencionado artículo 19, ya que tal disposición tiene por objeto hacer posible la corrección del escrito contentivo de la solicitud de amparo, caso en que ésta sea oscura o insuficiente; y ello entonces supone hacer una interpretación indebida del alcance de la disposición en referencia cuando se invoca para suplir por su intermedio, total o parcialmente, la carga probatoria inicial del accionante.
En consecuencia, y siendo lineal con el planteamiento que se viene desarrollando, lo correcto es aplicar lo dispuesto en el aparte quinto citado, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y declarar la inadmisibilidad de la acción.
A la anterior conclusión se arriba de manera forzosa luego de analizar el anterior extracto, del que ahora nos interesa el siguiente destacado:
“…o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible…” “…o cuando sea manifiesta la falta de representación…”.
Al efecto, debe apreciarse que el artículo 18 de la citada Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:
“En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido…”. (Destacado de esta Sala).
Es necesario reconocer que el legislador de amparo no castiga expresamente con la inadmisibilidad la falta de consignación del mandato como tal, hasta el punto de que en la norma parcialmente transcrita se puede apreciar cómo es aceptado el hecho de que se haga referencia suficiente en la solicitud de los datos que identifiquen el poder previamente conferido, y que deberá ser consignado antes de la oportunidad en que el órgano jurisdiccional respectivo se pronuncie sobre la admisión de la acción, pero mal se puede consignar con posterioridad a la interposición del amparo, un poder que, para ese momento, no había sido otorgado y del que sería materialmente imposible aportar datos de identificación de la manera como lo exige la norma comentada.
El supuesto anterior podría darse, asimismo, en aquellos casos en los que la representación se pretenda fundamentar en un instrumento poder otorgado de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en el curso del juicio principal o en cualquier otra incidencia, es decir, un poder apud acta, con la advertencia lógica de que ese tipo de poder sería perfectamente válido cuando sea otorgado en el curso del proceso constitucional de amparo; el problema que de seguidas se tratará de esclarecer, radica en la determinación del momento preclusivo que tiene el accionante para la consignación del poder en las actas del proceso de amparo, o hasta qué momento dispone, para consignar el poder recién otorgado, o en el segundo supuesto, el instrumento poder previamente otorgado mas no acompañado anexo a la querella constitucional. Tal importancia se deriva del contenido mismo del texto del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia...".

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente, aprecia la Sala que, efectivamente, conforme al criterio vigente para el momento, se puede concluir que la accionante no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales… esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe confirmar la decisión dictada el 14 de julio de 2003 por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo y declarar sin lugar el recurso de apelación que intentó el abogado Leandro Almenar Camacho, en representación de la accionante, contra la anterior decisión. Así se declara.
No obstante, declarado lo anterior, esta Sala exhorta a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a aplicar en lo sucesivo, a los casos análogos al presente, el nuevo criterio tal como quedó precedentemente establecido, considerando igualmente lo asentado recientemente por esta Sala, respecto de la falta de consignación de los demás documentos inherentes a la solicitud de amparo, en la sentencia Nº 1348 del 27 de junio de 2005. Así se declara….” (Negritas de la Sala).

En consecuencia y en virtud de los argumentos antes expuestos, considera este Tribunal Colegiado, que la presente acción de Amparo Constitucional, contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, señalado como presunto agraviante, debe ser declarada INADMISIBLE. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional intentada por los profesionales del derecho Gerardo Parra Duarte y Hans Noetzlin Galban, en contra de la decisión No. 079-07 de fecha 16 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, mediante la cual al término de la audiencia preliminar, entre otros pronunciamientos declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa del ciudadano Richard Iván Carrillo, en la causa penal que en sede ordinaria se sigue contra este ciudadano por la presunta comisión del delito de Actos Lascivos Violentos.

Regístrese, publíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Primera, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2007. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LOS JUECES PROFESIONALES,

LEANY BEATRIZ ARAUJO RUBIO
Presidenta

NINOSKA BEATRIZ QUEPO BRICEÑO LUZ MARÍA GONZÁLEZ CÁRDENAS
Ponente

EL SECRETARIO

JESÚS MÁRQUEZ RONDON

La anterior decisión quedó registrada bajo el N° 198-07, en el Libro de Registro de decisiones llevado por esta sala N° 1, en el presente año.-

EL SECRETARIO

JESÚS MÁRQUEZ RONDON
CAUSA N° 1Aa. 3435-07
NBQB/eomc