REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA N° 3
Maracaibo, 18 de Junio de 2007
197º y 148º
DECISIÓN Nº 217-07
PONENCIA DEL JUEZ PROFESIONAL: RICARDO COLMENARES OLIVAR
Han subido las presentes actuaciones procesales en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSWALDO ALBERTO PERCHE MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 60.582, en su carácter de defensor del ciudadano JOSE GREGORIO PRIETO IGUARAN, fundamentada en el numeral 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en la Audiencia Preliminar efectuada el día 09 de mayo de 2007 ante el Tribunal Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Recibidas las actuaciones en esta Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, se dio cuenta en la misma, designándose como Ponente al Juez que con tal carácter suscribe la presente decisión. Asimismo por auto de fecha 11-06-2007, se admitió el recurso interpuesto, por lo que llegada la oportunidad de resolver, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones lo hace bajo las siguientes consideraciones jurídicas procesales:
I. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA DEFENSA:
Se evidencia del correspondiente escrito de apelación, el siguiente argumento:
El recurrente señala que en fecha 08 de Mayo de 2007 consignó ante el Tribunal de la recurrida, solicitud de nulidad absoluta del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público en contra de su defendido, para que fuera resuelto como punto previo en la audiencia preliminar, basada en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal; sin embargo, en dicho acto celebrada en fecha 09 de Mayo de 2007, la Juez de Instancia declaró Inadmisible por Extemporáneo dicha solicitud, por lo que solicita se anule el acto de Audiencia Preliminar por violación del derecho a la defensa establecido en los artículos 25, 26 y 49 ordinales 1, 3 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no dar respuesta de lo solicitado por esta defensa como punto previo de decretar la nulidad del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público en contra de su defendido.
PETITORIO: Solicita se declare la nulidad de la Audiencia Preliminar.


II. DE LA DECISIÓN RECURRIDA:
La decisión impugnada, se dictó en la Audiencia Preliminar efectuada el día 09 de Mayo de 2007, por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual se declararon sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa del ciudadano Francisco Javier Hernández Pérez, se declaró inadmisible por extemporáneo el escrito presentado por el hoy recurrente, se admitió totalmente la acusación interpuesta en contra del imputado de autos, se admitieron las pruebas promovidas por la Representación Fiscal y por la defensa, se mantuvo la medida privativa de libertad decretada en contra del acusado de autos, ordenando la apertura a juicio.
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:
Al analizar los argumentos explanados por el recurrente, esta Sala de Alzada pasa a realizar las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Observa esta Sala que el apelante peticiona la nulidad de la decisión recurrida dictada en fecha 09 de Mayo de este mismo año, por cuanto la juez a quo no dio respuesta a la solicitud de nulidad absoluta del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público hecha en fecha 08 de Mayo de 2007, hecha por la defensa, para que fuera resuelto como punto previo en la audiencia preliminar; todo ello basado en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, por vulnerar el derecho a la defensa establecido en los artículos 25, 26 y 49 ordinales 1, 3 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, en dicho acto la Juez de Instancia declaró inadmisible por extemporáneo dicha solicitud.
SEGUNDO: En el presente caso, esta Sala pudo constatar en la causa original remitida ad effectum videndi, que efectivamente cursan las siguientes actuaciones:
a) En fecha 29 de marzo de 2007, la Fiscalía Undécima del Ministerio Público consignó escrito de acusación en contra de los ciudadanos FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ y JOSÉ GREGORIO PRIETO IGUARÁN (Folio 222);
b) En fecha 12 de abril de 2007, el Juzgado Segundo de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, fijó la audiencia preliminar en la presente causa para el día 26-04-2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal (Folio 273);
c) En fecha 18 de abril de 2007, la defensa del ciudadano JOSÉ GREGORIO PRIETO IGUARÁN consignan el escrito de contestación a la acusación (Folio 291);
d) En fecha 26 de abril de 2007, difirió la audiencia preliminar para el día 09-05-2007 (Folio 296);
e) En fecha 08 de mayo de 2007, el Abogado OSWALDO PERCHE MEDINA, en su carácter de Defensor del ciudadano JOSÉ GREGORIO PRIETO IGUARÁN, solicitó al juez de la causa aplicara el control establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 19 ejusdem, indicando que el Ministerio Público no ofreció a los ciudadanos EURO ELIEZER MONTIEL ARIAS, JAVIER BERNARDO IGUARÁN ARIAS, NERIO ENRIQUE MENGUAL MEDINA, JUAN CARLOS VILLALOBOS SUÁREZ, ESTRELLA YAMILES IGUARÁN PRIETO, BETZI LENIX ARIAS, EUDULIO JOSÉ MARRUFO, ELIANA MONTIEL ARIAS, LÁZARO MONTIEL ARIAS y TITO ENRIQUE IGUARÁN PRIETO, quienes fueron testigos presenciales de la detención de su defendido, incumpliendo de esta manera los requisitos formales de la acusación establecidos en el artículo 326 del código penal adjetivo, todo lo cual puede devenir en una sentencia condenatoria (“La pena del banquillo”), refiriendo la sentencia N° 1500, de fecha 03-08-2006 emanada de la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República. En consecuencia, solicita como punto previo a la audiencia preliminar
“...la inadmisibilidad y nulidad absoluta del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público en contra de mi defendido, José Gregorio Prieto Iguaran, ya que con su aptitud (sic) violento (sic) el derecho a la defensa y por ende el debido proceso establecido en el artículo 49 y su numeral primero de la Carta Magna al no permitir el Ministerio Público en la fase investigativa estar presente en varias pruebas realizadas a espaldas de mi defendido.
Es por ello que esta defensa ratifica la solicitud de nulidad absoluta tipificado en el artículo 190 y su efecto en el artículo 196 y por violación del (sic) los artículos 8,12,13,18 y los numerales 3,4, y 5 del artículo 326 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 49 y su numeral primero de la Constitución Bolivariana de Venezuela...” (Folio 301-303).
f) Consta también en actas la audiencia preliminar de fecha 09 de marzo de 2007, hoy recurrida, en la cual, luego de haber escuchado los alegatos del Ministerio Público del otro Defensor, escuchó los del Abogado OSWALDO PERCHE, defensor del ciudadano JOSÉ GREGORIO PRIETO IGUARÁN, quien expuso que ratificaba en todas sus partes el escrito de la contestación de la acusación de fecha 18-04-2007, asimismo ratificaba el escrito presentado en fecha 08-05-2007, “...donde manifiesto una serie de pedidos en cuanto a la violación de mi derecho según lo establecido en el artículo 582 del Código Orgánico Procesal Penal específicamente Control Judicial para que sea la ciudadana Juez luego de una minucioso (sic) estudio a dicho expediente que tome las decisiones pertinentes al caso que nos compete...” (Folio 309).
Ahora bien, luego de un minucioso estudio de las actas contentivas de la audiencia preliminar de fecha 09 de mayo de 2007, quienes aquí deciden observan que la jueza a quo no hizo pronunciamiento expreso con relación al escrito de contestación a la apelación interpuesto en fecha 18 de abril del presente año (Folio 291); sin embargo, dentro de los pronunciamientos realizados por el tribunal a quo en la referida audiencia preliminar, está lo siguiente:
“TERCERO: Vista (sic) las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público este Tribunal las ADMITE...Así mismo vistas las pruebas ofrecidas en este acto, por los Abogados defensores Privados ANGEL EMIRO GONZÁLEZ PARRA y OSWALDO PERCHE; este Tribunal ADMITE las mismas por cuanto son útiles, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en resguardo del derecho a la defensa, garantía esta tanto constitucional como procesal que es inherente al imputado en todo caso penal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 330 ordinal 9° del Código Orgánico Procesal Penal...” (Folio 315, Causa Principal) (Subrayado de la Sala).

Del mismo modo, esta Sala pudo constatar que en el auto de apertura a juicio oral y público decretado por el Juzgado Segundo de Control de este mismo Circuito Judicial en fecha 09 de mayo de 2007, se dejó expresado lo siguiente:
“TERCERO: Admite todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Fiscal 11° del Ministerio Público, por ser estas útiles, lícitas y pertinentes para ser debatidas en el Juicio Oral y Público; así como Admite las pruebas ofrecidas por las defensas en su escrito de defensas, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 Ordinal 9° del Código Orgánico Procesal Penal...” (Folio 321).
Con relación al escrito de fecha 08 de mayo de 2007 en la cual el recurrente solicita la nulidad del escrito acusatorio del Ministerio Público y que guarda íntima relación con el escrito de contestación, el Tribunal de instancia hizo el siguiente pronunciamiento:
“En segundo lugar este Tribunal, en relación al escrito interpuesto por el ABOGADO OSWALDO PERCHE, el cual fue presentado en fecha 08 de Mayo de 2007, inserto a los folios 80, 81 y 82 de la causa, este Tribunal lo DECLARA INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO, ya que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 328 es claro y establece un lapso procesal perentorio y se evidencia de las actas que el mismo fue presentado con posterioridad a la primera fijación de la Audiencia Preliminar. ASÍ SE DECIDE” (Folio 312 pieza principal).
Trasladando entonces las ideas anteriormente expresadas, al caso in commento objeto de este recurso, se puede constatar que ciertamente la Jueza a quo declaró inadmisible por extemporáneo el escrito presentado por la defensa en fecha 08 de mayo de 2007, conforme a lo pautado en el artículo 328 del código adjetivo penal, por lo que se observa que no hubo omisión de pronunciamiento, aún cuando el mismo pudo ser mejor fundamentado.
TERCERO: Observa entonces la Sala que en el caso de marras el accionante ha denunciado la vulneración del derecho a la defensa, como una institución propia relativa al debido proceso consagrado en el artículo 49 numeral 1° de la Carta Magna, en los siguientes términos:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”
Alega el recurrente que en la audiencia preliminar llevada a efecto en fecha 09 de mayo de 2007, el juez de control no dio respuesta oportuna de la solicitud de nulidad de fecha 08 de mayo de 2007, para ser resuelto como punto previo. Por tal motivo, es menester para esta Alzada señalar que el derecho a la defensa incorpora un compendio de presupuestos que en su conjunto deben cumplirse para que se considere satisfecho el mismo, entre ellos: 1) Derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención y del derecho que tiene a la asistencia jurídica y a comunicarse con sus familiares, 2) Derecho a la asistencia legal antes y durante el juicio; 3) Derecho a comparecer sin demora ante un Juez u otra autoridad judicial; 4) Derecho a impugnar la legalidad de la detención; 5) Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad; 6) Derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa; 7) Derecho a conocer con certeza el tipo de proceso por el cual va a ser juzgado; 8) Derecho a hallarse presente en el proceso y las apelaciones; 9) Derecho a promover y evacuar pruebas de descargo y a promover testigos e interrogarlos; 10) Derecho a un intérprete y a la traducción; entre otros.
De tal forma que dicha norma, a tenor de lo dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 080 de fecha 01-02-2001, se vulnera: “1) Cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) Cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio que se ventilen cuestiones que los afecten”. Asimismo, dicha Sala indicó en sentencia N° 05 de fecha 24-10-2001 que el derecho a la defensa debe entenderse como “la oportunidad para que el encausado o presunto agraviado que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derecho, o se le prohíbe realizar actividades probatorias”.
No obstante lo anterior, estos juzgadores consideran que si bien es cierto la nulidad solicitada estaba referida a la no inclusión de los testigos que presenciaron la detención de su defendido, ciudadanos EURO ELIEZER MONTIEL ARIAS, JAVIER BERNARDO IGUARÁN ARIAS, NERIO ENRIQUE MENGUAL MEDINA, JUAN CARLOS VILLALOBOS SUÁREZ, ESTRELLA YAMILES IGUARÁN PRIETO, BETZI LENIX ARIAS, EUDULIO JOSÉ MARRUFO, ELIANA MONTIEL ARIAS, LÁZARO MONTIEL ARIAS y TITO ENRIQUE IGUARÁN PRIETO, en el escrito acusatorio formulado por la Vindicta Pública, no es menos cierto que la Sala pudo constatar que el Tribunal Segundo de Control que llevó a efecto la audiencia preliminar en fecha 9 de mayo de 2007, expresamente admitió las pruebas promovidas por la Defensa del hoy acusado JOSÉ GREGORIO PRIETO IGUARÁN, por ser “útiles, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en resguardo del derecho a la defensa”. Por lo tanto, tal pronunciamiento no trastocó el derecho fundamental del debido proceso y, por ende, del derecho a la defensa establecido en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República y 12 del Código Orgánico Procesal Penal relativos al debido proceso, al derecho a la defensa e igualdad entre las partes; ni comprometió la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Carta Magna, pues la admisión misma de las pruebas ofrecidas por la defensa, subsanó de inmediato la posible lesión inicial del juzgador de instancia, pues dio una respuesta oportuna a lo solicitado, y el recurrente podrá ser oído en el juicio seguido en su contra, pudiendo ser resuelta el contenido de su petición en un plazo razonable (el juicio oral y público) establecido por el legislador. Siendo el fin de la nulidad solicitada la inclusión de los testigos presenciales mencionados por la defensa y que fueron obviados por el Ministerio Público, en consecuencia resulta inoficioso y contrario a justicia su nulidad, pues el juez de instancia dio la oportunidad de debatir tales testimonios en el debate oral y público. Y así se decide.
De todo lo cual se colige que no le asiste la razón al abogado OSWALDO PERCHE, defensor del ciudadano JOSÉ PRIETO IGUARÁN, en cuanto a este particular de denuncia se refiere, y le advierte que en lo sucesivo se abstenga de ejercer un recurso cuando su pretensión haya sido satisfecha por el juez de la instancia. Y así se decide.
DECISION
Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSWALDO ALBERTO PERCHE MEDINA, en su carácter de defensor del ciudadano JOSE GREGORIO PRIETO IGUARAN. SEGUNDO: CONFIRMA el acta de audiencia preliminar de fecha 09 de mayo de 2007, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
QUEDA ASI DECLARADO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION Y CONFIRMADA LA DECISION APELADA.
Publíquese, Regístrese y remítase la presente causa al tribunal de Origen.

LA JUEZA PRESIDENTA,


LUISA ROJAS GONZÁLEZ


LOS JUECES PROFESIONALES,


RICARDO COLMENARES OLÍVAR DORYS CRUZ LÓPEZ Ponente

LA SECRETARIA,

NAEMI POMPA RENDÓN

En la misma fecha se registró la anterior Resolución bajo el Nº 217 -07.

LA SECRETARIA,

NAEMI POMPA RENDÓN
Causa Nº 3Aa 3671-07
RCO/rco.