Exp. No. 1056-07





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE SUPERIOR
SALA DE APELACIONES



Juez ponente: Consuelo Troconis Martínez


Recibe esta Corte Superior el día 28 de septiembre de 2007 las presentes actuaciones, para el conocimiento de apelación interpuesta por la requerida, contra sentencia definitiva No. 58 dictada el 28 de junio de 2007, por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, a cargo de la Juez Unipersonal No. 4, en ACCIÓN DE PROTECCIÓN propuesta por el CONSEJO DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, representado por su Presidenta abogada Mayela Pineda, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 16.522, contra la sociedad mercantil INNOVACIÓN EDITORIAL C. A., denominada con el lema comercial “MI DIARIO”, representada por su Presidenta ciudadana Patricia Pineda de Enríquez, identificada con cédula No. 7.716.068.

El 1° de octubre de 2007, se designó ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo y cumplida la sustanciación de la segunda instancia con formalización oral del recurso interpuesto, la Corte Superior dicta sentencia con las siguientes consideraciones:

I

La competencia para conocer del presente recurso está atribuida a esta Corte Superior, de conformidad con los artículos 175, 177 parágrafo quinto y 279 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por constituir la alzada de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, cuya Juez Unipersonal No. 4 dictó el fallo apelado en ACCIÓN DE PROTECCIÓN intentada en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes del municipio Maracaibo del estado Zulia. Así se declara.

II

Alega la solicitante que desde hace varios años han circulado en la región, medios impresos de cobertura nacional y regional, mostrando imágenes de niños, niñas y adolescentes, en escenas pornográficas que van en franca contraposición a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, pero es el caso que los días 20, 21 y 22 de marzo de 2007, el medio impreso de circulación regional denominado “MI DIARIO”, muestra imágenes de niños, niñas y adolescentes que atentan contra la moral y buenas costumbres de toda la sociedad venezolana y específicamente contra los derechos difusos de los niños, niñas y adolescentes que residen en el municipio Maracaibo, de los cuales el Consejo de Derechos del Municipio Maracaibo es el principal garante. Destaca que el lenguaje empleado por el periodista que reseña es inadecuado e inaceptable, pues emplea frases tales como “alumnos triple X”, “20 puntos en pomo”, “cochinadas sifrinas”, que los niños y adolescentes son mostrados utilizando uniforme escolar, indicando incluso el nombre de quienes intervienen y de las Unidades Educativas, lo que evidentemente permite identificar directa o indirectamente a los niños y adolescentes sujetos activos y pasivos de tales escenas, que dichas imágenes aparecen publicadas en la página 10 del diario publicado el 20 de marzo de 2007, en la página 5 del diario publicado el 21 de marzo de 2007 y en la página 10 del diario publicado el 22 de marzo de 2007, en las cuales se ilustran fotografías inadecuadas e inaceptables, presentando actos pornográficos que muestran escenas en las cuales intervienen niños, niñas y adolescentes y por ende violan la dignidad, honor, reputación y propia imagen de todos los niños, niñas y adolescentes de la sociedad venezolana, que menoscaba el principio del interés superior del niño entendido como la garantía de todos los derechos de todos los niños y adolescentes.

Expone la solicitante que los acontecimientos sucedidos y narrados, a través de estas publicaciones, violan derechos fundamentales consagrados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en materia de niñez y adolescencia, indica los más resaltantes de dichos derechos infringidos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 58 y 60), en la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 16.1), en la Ley Aprobatoria del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía (Artículo 2 literal c) y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Artículo 32 parágrafos primero y segundo, artículo 33, artículo 65 parágrafo primero, artículo 68 parágrafos primero y segundo, artículo 79 literales b) d) y e). Acompaña ejemplares de las publicaciones referidas y Resolución No. 107 de fecha 01 de marzo de 2007 mediante la cual el Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente del Municipio Maracaibo, hace del conocimiento público la elección en sesión ordinaria del 22 de febrero de 2007, por un período de seis (6) meses, de los Consejeros Abogada Mayela Pineda, representante por la Sociedad Civil, como Presidenta y la Abogada Miriam Franco, representante por el Poder Ejecutivo, como Vicepresidenta, período Marzo-Agosto 2007.

En el PETITORIO de la solicitud se expresa:

“En virtud de que los hechos antes narrados atentan contra la integridad personal, derecho al honor, a la reputación, a la propia imagen, vida privada e intimidad familiar y otros derechos de los niños, niñas y adolescentes de la sociedad venezolana especialmente los de nuestro municipio Maracaibo, es por lo que en este acto como representante del Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente del municipio Maracaibo y ejerciendo las atribuciones conferidas por autoridad de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en sus artículos 147 literal “f” y 278, vengo a solicitar como efectivamente solicito la Acción de Protección en contra de la Sociedad Mercantil “INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A.”, denominada con el lema comercial “MI DIARIO”, representada por su Presidenta ciudadana Patricia Pineda de Enríquez, con cédula de identidad N° 7.716.068, tal como consta de documentos protocolizados por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fechas 22 de noviembre de 2006, anotado bajo el N° 15, tomo 73-A y Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2006, anotado bajo el N° 56 tomo 80-A; a fin de que haga cesar la amenaza u ordene la restitución de los derechos, prohibiendo de manera definitiva la publicación de imágenes representativas de actos pornográficos de Niños, Niñas y Adolescentes y cese de manera definitiva la violación de los derechos antes mencionados. Del mismo modo tomando como norte los Principios de Prioridad Absoluta y el Interés Superior del Niño consagrados en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente respectivamente, y el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solicito de este digno Tribunal se sirva dictar medida Cautelar Preventiva de acuerdo a los artículos 585 y 588 Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil en contra la Sociedad Mercantil “INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A.”, denominada con el lema comercial “MI DIARIO” a los fines de paralizar la reproducción de todo tipo de material e imágenes relacionado con pornografía, donde estén involucrados Niños, Niñas y Adolescentes por cuanto violan y transgreden derechos consagrados en los instrumentos jurídicos ya señalados. Asimismo, por los daños morales ocasionados a los Niños, Niñas y Adolescentes, solicitamos la urgencia y celeridad de este Tribunal con relación al caso…”


Mediante auto de fecha 26 de marzo de 2007, la Sala de Juicio admitió la solicitud y dispuso la sustanciación del procedimiento, ordenando al efecto el emplazamiento de la requerida y la notificación del Fiscal del Ministerio Público, diligencias que se cumplieron de conformidad y el 12 de abril de 2007, decretó medida cautelar ordenando a “MI DIARIO” la suspensión de cualquier tipo de publicación en la que se presenten niños, niñas y adolescentes (identificados plenamente o parcialmente) en actos y/o situaciones de índole pornográfica, o de cualquier índole diferente a aquellas que garanticen su desarrollo integral. Dicha medida fue practicada, según se evidencia de la Pieza de Medidas formada en la causa, el día 27 de abril de 2007, por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Constituidos apoderados de la requerida los abogados Honorio Castejón Sandoval, Alfredo Castejón Méndez, Arlet Castejón Méndez, René Méndez Alvarado y Varinnia Delgado Briceño, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los Nos. 2271, 47728, 67687, 77721 y 114715 respectivamente, ocurren los dos primeros y presentan en fecha 23 de mayo de 2007, escrito de contestación en el cual expresan que admiten los hechos libelados con las variantes que expresan, entre las cuales señalan:

“…Desde luego que la publicación efectuada por “MI DIARIO” de las noticias e imágenes referidas en la demanda que ha dado origen a este procedimiento, no puede verse jamás, como parece ser el propósito de la pretensión ejercida, como una actuación “intrusa” o “inadecuada” por parte de mi representada en una actividad que no es de su incumbencia, sino que ha de vérsele como una actuación que en su exacta calificación jurídica se corresponde no solo con el derecho y deber de informar que le son propios a la empresa que representamos, como medio de comunicación social que es, a tenor de lo previsto en la Ley del Ejercicio del Periodismo, sino compatible con el ejercicio del deber y el derecho de participación que le reconoce de manera expresa la Ley de Protección del Niño y del Adolescente, que prescribe: “La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños y adolescentes…” (Art. 6), y que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando en las disposiciones concernientes a los niños y adolescentes, dispone: “…El Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan.” (Art.78) y, precisamente, ha sido con sujeción a las respectivas normativas que “Mi Diario” procedió a la divulgación de la existencia de una “pornografía infantil” relativa a actividades sexuales prohibidas, practicadas por menores de edad, que amenazan la salud mental, física y moral no solo de los menores y adolescentes sujetos activos y pasivos del hecho concreto sino a todos los niños y adolescentes en general”.

Continúan su exposición escrita los apoderados de la requerida, abogados Alfredo Castejón Méndez y Honorio Castejón Sandoval, alegando los motivos que llevaron a su representada a denunciar los hechos reseñados en el libelo y publicar las fotografías insertas en “MI DIARIO”, expresando:

“…Aquí el problema fundamental no consiste, Ciudadana Jueza, en que se disponga sin más, PROHIBIR LA PUBLICACIÓN DE LAS IMÁGENES reseñadas en la demanda, pues si tal fuere el caso, nosotros no tenemos reparo en anunciar, desde ya, el CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO por parte de nuestra poderdante del dispositivo del fallo que se dicte en cuanto a la prohibición referida, cuyo acatamiento sería suficiente para que se tenga que poner término a la controversia surgida…”


Y en el párrafo final de dicha exposición escrita, insisten en el allanamiento anunciado, declarando:

“Pedimos que este escrito sea agregado a sus antecedentes, tomando en consideración el allanamiento que hemos hecho respecto al PETITORIO DE LA DEMANDA, en cuanto a la imposibilidad de publicar imágenes prohibidas por la Ley de Protección del Niño y del Adolescente”


En la continuación del procedimiento, se celebró audiencia preliminar el día 13 de junio de 2007, con la asistencia de la parte actora representada por las abogadas Mayela Pineda de Rangel, Josefina Hernández y Sikio Hernández, así como el sociólogo José Nevado, quien es Director Técnico del Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente del municipio Maracaibo, los abogados Alfredo Castejón, René Méndez y Varinnia Delgado con el carácter de apoderados de la requerida, la licenciada Migdalia Coromoto Nery Hernández, con el carácter de subdirectora de la Unidad Educativa Juan Antonio Paredes y el abogado Víctor Montenegro en su condición de Fiscal Auxiliar Trigésimo del Ministerio Público.

En su intervención, la abogada Mayela Pineda de Rangel, ratificó los fundamentos de la solicitud presentada y pidió al a quo acordar la acción de protección, para que cesen las amenazas y violaciones denunciadas, no teniendo ninguna posibilidad legal de resarcir en forma moral los daños ocasionados a la buena reputación, integridad personal, buena imagen de los niños, niñas y adolescentes afectados y expresando que el derecho a la información para esta población debe ser acorde a su desarrollo evolutivo así como una información edificante y no destructiva.

El abogado Alfredo Castejón, en representación de la requerida, expuso:

“Toda vez que en el escrito de contestación de la demanda nuestra representada Sociedad Mercantil “INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A.” (MI DIARIO), admitió los hechos libelados y como quiera que en el mismo se allanó en cuanto a la solicitud esgrimida en el petitorio de la demanda por la parte accionante en relación a la solicitud de prohibición de publicar en las páginas del diario accionado, publicaciones como las de marras, debemos hacer notar al órgano jurisdiccional que la posición asumida por la parte demandante como consecuencia de lo anteriormente descrito, no existe posibilidad alguna de tramitar el presente procedimiento desde el punto de vista contencioso, es decir, como si existiera una controversia, toda vez que admitidos los hechos esgrimidos en el libelo que ha dado origen al presente procedimiento, debe necesariamente el Tribunal pronunciarse en relación con la admisión de los mismos y así solicitamos sea declarado por este Tribunal. Por otra parte, solicitamos de este Órgano Jurisdiccional se sirva archivar el expediente respectivo por cuanto no hay materia sobre la cual decidir, todo con fundamento en la admisión de los hechos por la parte demandada y el allanamiento de la misma al petitum de la parte accionante…”


En la misma audiencia intervino el abogado Víctor Montenegro, Fiscal Auxiliar Trigésimo del Ministerio Público quien solicitó al a quo la convocatoria a la audiencia de juicio, a fin de que las alumnas de la Unidad Educativa Juan Antonio Paredes puedan ser oídas, pues los hechos constituyen un atentado a su moral y al orden público. Consignó diversos instrumentos para consideración por el a quo.
Mediante sentencia definitiva No. 58 dictada el 28 de junio de 2007, la Sala de Juicio resolvió la solicitud de ACCIÓN DE PROTECCIÓN, declarando:

a) Homologado el allanamiento realizado por el Apoderado Judicial de la parte demandada, Abogado ALFREDO CASTEJÓN, a la solicitud de Acción de Protección, suscrita por la ciudadana MAYELA PINEDA, en su carácter de Presidenta del Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actuando a favor de todos los niños y adolescentes del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, se le da el carácter de cosa juzgada material.


b) Se ordena a la ciudadana PATRICIA PINEDA DE ENRÍQUEZ, en su carácter de Presidenta de la Sociedad Mercantil “Innovación Editorial, C. A.”, denominada con el lema comercial “Mi Diario”: 1.- A cancelar de multa lo equivalente a Treinta (30) meses de ingreso, los cuales serán calculados en base al ingreso mas alto de la nómina, correspondiente al mes inmediatamente anterior a la imposición de la presente sanción civil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 237 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. 2.- Dicha multa deberá ser cancelada al Fondo de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en un plazo de ocho (08) días hábiles siguientes a la notificación de la imposición, advirtiéndole a las partes que si en el plazo establecido, no dieren fiel cumplimiento a la presente decisión, generará un recargo del doce por ciento (12%) anual sobre el monto original. 3.- Remitir dentro del lapso establecido en el numeral “2”, copia certificada de los pagos de seguro social y planillas de pago o convenios de bancos suscribientes de contratos de nómina a través de entidades financieras, con el objeto de verificar el cumplimiento de la presente decisión. 4.- Realizar las publicaciones del periódico “Mi Diario”, utilizando una envoltura que selle su contenido y una advertencia que informe sobre el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 ejusdem.


c) Mantiene Vigente la medida decretada por esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4, en fecha 10 de Abril de 2.007 y ejecutada por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 27 de Abril de 2.007.


d) Terminada la presente causa y en consecuencia, se ordena el archivo del expediente.


El fallo fue apelado por la sociedad mercantil requerida y oído el recurso en un solo efecto, recibidas las copias pertinentes en esta alzada, se fijó por auto expreso la celebración del acto oral de formalización de la apelación, actividad que tuvo lugar el día diez (10) de octubre de 2007, con la comparecencia personal de los apoderados de la requerida, abogados Alfredo Castejón Méndez y Varinnia Delgado Briceño, quienes alegaron que la sentencia apelada incurre en falso supuesto por cuanto en su dispositivo establece categóricamente que la requerida convino en todos y cada uno de los términos de la demanda, cuando lo que ocurrió verdaderamente es que admitió o se allanó en relación a ciertos hechos libelados, a lo cual la apelada atribuye los efectos del convenimiento, que lo alegado se hace evidente al tomar textualmente el párrafo de la contestación de la demanda en el cual se establece “pedimos que este escrito sea agregado a sus antecedentes tomando en consideración el allanamiento que hemos hecho respecto al petitorio de la demanda, en cuanto a la imposibilidad de publicar imágenes prohibidas por la Ley de Protección del Niño y del Adolescente”. Que la apelada incurre en ultrapetita, por cuanto procede a multar a la requerida sin que la parte actora haya solicitado tal sanción, y en consecuencia la apelada no decidió conforme a lo alegado por la parte actora ni por la demandada, extralimitándose en relación a las sanciones impuestas, sin tomar en cuenta que la parte accionada se allanó y admitió gran parte de los hechos libelados, pero lo que es más grave aún fue que se le impusieron las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos 237 y 249 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sin fórmula de juicio y sin las garantías que concede el contradictorio. Que en el supuesto negado y nunca admitido de que dichas sanciones hubieran sido solicitadas por la parte actora y hubieran estado ajustadas a los procedimientos que la ley de la materia establece así como el principio establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también son improcedentes, por cuanto dada la actitud asumida por su representada, que se allanó y admitió gran parte de los hechos libelados, no fue favorecida por el principio establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal que establece al reo una rebaja de un tercio hasta la mitad de la pena si ha asumido la posición que asumió la requerida en el presente juicio, ya que es inadmisible el hecho de que haya tenido igual tratamiento, que aquel que haya continuado en vía contenciosa y ejercido el contradictorio, situación que solicitan se resuelva con base a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, pero para el hecho de que esta Corte de Apelaciones considere improcedente la defensa interpuesta, aplique por vía analógica lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.


III


Para resolver, la Corte Superior observa:

Los apoderados de la requerida al dar contestación a la solicitud de ACCIÓN DE PROTECCIÓN incoada en su contra, utilizan la expresión “allanamiento del petitorio de la demanda”, lo cual, a su juicio, debe desembocar en la terminación del procedimiento y archivo del expediente.

Con relación a la expresión allanamiento, las siguientes definiciones están contenidas en el “Diccionario de Derecho Usual”, de Guillermo Cabanellas:

ALLANAMIENTO. Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria.

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. Acción de prestar el demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento sólo puede comprender los derechos privados que sean renunciables. Cuando el demandado se allana a la demanda, el juez debe dictar sentencia conforme a las pretensiones del actor, con lo cual queda terminado el juicio.

ALLANAMIENTO A LA SENTENCIA. Conformidad de la parte vencida ante la resolución judicial que le resulta adversa; consentimiento que se manifiesta, excepcionalmente, por escrito de acatamiento expreso, y, con mayor frecuencia, por no interponer los recursos ordinarios (el de apelación o aclaración) o los extraordinarios, como el de casación en su caso.


Sobre el concepto de allanamiento en materia procesal civil, Ricardo Henríquez La Roche (2006 II 310), cita a Andrés De La Oliva Santos, quien comenta:

“Mediante el allanamiento, el demandado declara su voluntad de que, respecto de él mismo, al actor se le otorgue la tutela solicitada. El allanamiento constituye una declaración de voluntad del demandado, por la que éste muestra su conformidad con la pretensión del actor, en el sentido, no sólo de estar de acuerdo y no hacer objeciones a los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda – aun tendrían, en tal caso, que ser reconocidos como acertados dichos fundamentos en relación con lo que se pide -, sino en el de querer que se dicte sentencia según la pretensión del actor respecto de quien se allana, incluso sin expresión de causa de tal voluntad; por tanto, incluso sin ninguna consideración sobre los referidos fundamentos.”


Analizadas las actuaciones de la requerida en la presente causa, se constata que al dar su contestación, admite los hechos libelados, con variantes, anuncia la disposición de dar cumplimiento voluntario al dispositivo del fallo que se dicte en cuanto a la prohibición referida y alega el allanamiento hecho respecto al petitorio de la demanda en cuanto a la imposibilidad de publicar imágenes prohibidas por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En su intervención en la audiencia preliminar, la representación judicial de la requerida, ratifica lo anterior y alega que vista la admisión de los hechos libelados y conformidad con la sentencia que recaiga, debe cesar la contención y el Juez a quo debe emitir pronunciamiento sobre la admisión de los mismos y ordenar el archivo del expediente. Al formalizar el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de Juicio, el representante de la requerida objeta el carácter de convenimiento total interpretado por el a quo y aduce que solo admitió algunos de los hechos libelados, ajustándose al petitorio del libelo.

Aprecia esta Corte Superior que, aún cuando la requerida aduce razones que a su juicio justifican la publicación de las noticias e imágenes objetadas y he allí las variantes que se reserva, realmente conviene en los hechos alegados en el libelo, los cuales contravienen disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y conviene igualmente la recurrida en que se ordene la prohibición de continuar los mismos, que es lo pretendido por la parte demandante. En esa forma conviene en la pretensión y se ajusta a lo que se decida, correspondiendo al tribunal que conoce, dictar el fallo que cumplirá la parte requerida, dando por concluido el procedimiento y archivándose el expediente. No podría tomarse la actuación de la requerida como allanamiento de algunos hechos libelados, con la consecuencia de concluir el juicio, pues en ese caso, sobre los hechos no allanados debería continuar el procedimiento.

En este punto y en relación a exposición del Fiscal Trigésimo del Ministerio Público, quien pidió la continuación del procedimiento y celebración de la audiencia de juicio, con el objeto de oír la opinión de niñas y adolescentes de la Unidad Educativa mencionada en las publicaciones objetadas, en virtud de la aceptación de los hechos libelados por la requerida y su avenimiento a cumplir el fallo que recaiga, con lo cual cesará para el futuro el perjuicio que se ha ocasionado a las niñas y adolescentes referidas, considera esta alzada improcedente someterlas a una actuación que les sería desagradable como personas y que resulta innecesaria por haber quedado admitida, por lo cual no es procedente la continuación del procedimiento hacia la audiencia de juicio. Así se decide.

En resumen de lo anterior, en el presente procedimiento la parte requerida se allanó a la demanda y corresponde el dictado de la sentencia definitiva que acuerde la pretensión de la parte demandante, por lo que en el dispositivo del presente fallo se hará pronunciamiento expreso, positivo y preciso con arreglo a la pretensión deducida. Así se decide.

IV

En el aparte b) del Dispositivo de la sentencia objeto de apelación, la Sala de Juicio impone a la requerida la sanción civil prevista en el artículo 237 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En el Título III, Capítulo IX (Infracciones a la protección debida. Sanciones), Sección Primera, de la citada Ley, se dispone:

“Artículo 214. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO. La jurisdicción penal ordinaria es competente para imponer las sanciones penales, siguiendo el procedimiento penal ordinario.

El Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente es competente para imponer las sanciones previstas en la Sección 2ª de este Capítulo, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo XII de este Título.”


El artículo 237 en el cual fundamenta la Sala de Juicio la imposición de sanción a la requerida, forma parte de la Sección Segunda del Capítulo IX, por lo que, para aplicarlo, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente debe seguir el procedimiento previsto en el Capítulo XII que corresponde al Procedimiento Judicial de Protección. En consecuencia, la procedencia de la sanción y en caso afirmativo, los límites de su fijación, deben ser objeto de controversia, de discusión, de prueba, y lógicamente deben formar parte de la pretensión contenida en la demanda.

El procesalista Paolo Longo, estudioso de las materias comprendidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el punto relacionado con la sanción que pudiera resultar procedente al declarar con lugar una acción de protección (V Jornadas LOPNA 2004, 137), expresa:

“Para ello, se puede comenzar por señalar, que en la acción de protección los sujetos son los siguientes: un solicitante debidamente legitimado para actuar en beneficio de una colectividad o de una categoría subjetiva en situación difusa; un evento que atente contra la integridad y pleno goce de un derecho que comparten en forma indivisible todas aquellas personas determinadas o no que se encuentran en la misma situación jurídica y que por ello constituyen un colectivo, o un evento que atente contra la integridad de un derecho que comparten todos, más allá de cualquier categoría subjetiva colectiva; y un vínculo común a todos, que en el supuesto del interés colectivo ha de ser un acto, un comportamiento, una situación o cualquier entidad jurídica que obre como causa o título común alrededor del cual se constituye el colectivo, mientras que en el caso del interés difuso es la simple y llana condición de ciudadano, de habitante de un territorio, de individuo de la especie humana.

Estos requerimientos, a pesar de su muy somero señalamiento, constituyen todos juntos la pretensión de la acción de protección, esto es, los sujetos, el objeto y la causa de pedir.

Por su parte, en el caso de las sanciones por infracciones a la protección debida, los sujetos son el denunciante y el supuesto infractor; el objeto es la responsabilidad administrativa que se genera por la conducta sancionable y el título o causa de pedir es la habilitación que hace el propio legislador para acudir en búsqueda de la sanción.

Si se comparan ambas descripciones, no cabe duda que por el contenido y por los efectos, se trata de pretensiones distintas, diversas y autónomas, que pudieran ser ciertamente acumuladas en una misma demanda…”

En la continuación de su estudio, el citado autor, expresa.

“En otras palabras, no riñe con los principios generales, que se puedan acumular pretensiones o que se puedan juntar autos, cuando las unas o los otros se refieran a acciones de protección y a sanciones por infracción.

Ahora bien, la misma claridad que se tiene para afirmar que es posible, si se dan los supuestos ya indicados, proceder a la acumulación, sea de pretensiones que de autos, es la que permite advertir que en ningún caso puede dejarse de demandar la sanción correspondiente y aspirar que se aplique de modo automático, como si se tratara de una consecuencia indefectible de la procedencia de la acción de protección.

Esto es de suma importancia, ya que la finalidad de la sanción no tiene manera alguna de confundirse con el propósito tutelador de la acción de protección; aquella, la sanción, es una penalidad que busca castigar de un modo equivalente la actuación impropia de quien ha infringido los derechos que corresponden a los sujetos protegidos; en cambio, la segunda, tiene vocación asegurativa o reparativa, pero en especie, de manera que el interés sea realmente tutelado en las concretas actuaciones que corresponda y en beneficio de una categoría colectiva o difusa de personas.

Lo anterior, en consecuencia, permite dejar claro que no se puede extender judicialmente la asignación de una sanción por el sólo hecho de haberse declarado con lugar una acción de protección, pues esta última no la contiene necesariamente y su declaratoria en procedencia, a fin de cuentas, no pasa por la estimación de una serie de circunstancias que son de obligatoria consideración para el juez que debe aplicar o no una sanción…”


En la solicitud presentada por la Presidenta del Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, no se pide la imposición de sanción alguna a la parte requerida, ni en la audiencia preliminar que se celebró ante el a quo se trató dicha materia, lo que deja claro que ni la sanción contemplada en el artículo 237 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ni ninguna otra prevista en el citado cuerpo legal, se discutió entre las partes, de modo que la imposición de multa por la Sala de Juicio a la parte requerida en la presente causa, se interpreta como una consecuencia automática de la procedencia de la acción de protección, sin que se hubiese pedido por la parte actora, ni considerado el derecho de defensa de la parte afectada, esto es, sin fórmula de juicio y sin las garantías del contradictorio, alegato esgrimido por el apoderado de la requerida en el acto de formalización de la apelación por ante esta alzada, el cual resulta ajustado a derecho, evidenciándose en esa forma que la sentencia apelada incurre en el vicio de ultrapetita por conceder en el dispositivo más de lo pedido, ocasionando la nulidad de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y así se declarará en el dispositivo del presente fallo.

V

Por cuanto la requerida, se allana al cumplimiento de la sentencia que se dicte en conformidad con el petitorio de la demanda, en la sentencia definitiva de la presente causa debe declararse con lugar la acción de protección y ordenar el cese de las violaciones de derechos de niños y adolescentes residentes en el municipio Maracaibo del estado Zulia, prohibiendo expresa y terminantemente a la editora de “Mi Diario”, sociedad mercantil “Innovación Editorial, C. A.”, la publicación de imágenes representativas de actos pornográficos de niños, niñas y adolescentes. Así se decide.

DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, esta Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Sala de Apelaciones, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:

1) Declara NULA la sentencia No. 58 dictada el 28 de junio de 2007 por la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, a cargo de la Juez Unipersonal No.04 en la ACCIÓN DE PROTECCIÓN solicitada por el CONSEJO DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA contra la sociedad mercantil INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A., editorial de “MI DIARIO”.

2) Declara CON LUGAR la ACCIÓN DE PROTECCIÓN solicitada por el CONSEJO DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA contra la sociedad mercantil INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A., editora de “MI DIARIO”.

3) ORDENA a la sociedad mercantil INNOVACIÓN EDITORIAL, C. A., editora de “MI DIARIO”, el cese inmediato y PROHIBE en el futuro la identificación, reproducción y publicación de imágenes donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes, que sean representativas de actos pornográficos y asimismo se le PROHIBE la publicación de imágenes relacionadas con niños, niñas y adolescentes que afecten cualquier otro de sus derechos, aún cuando no estén expresamente establecidos en la legislación.

4) Declara TERMINADO el juicio y ordena el ARCHIVO del expediente.
Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente sentencia para el archivo de esta Corte Superior.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil siete (2007). Años: 197 de la Independencia y 148 de la Federación.

Juez Presidente Ponente,

Consuelo Troconis Martínez

Jueces Profesionales,

Olga Ruiz Aguirre Beatriz Bastidas Raggio

Secretaria,

Karelis Molero García


En la misma fecha se publicó el fallo siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 p. m) y quedó registrado bajo el Nº “28” en el Libro de Sentencias Definitivas llevado por esta Corte Superior durante el año dos mil siete (2007). La Secretaria,

Exp. 1056-07.
CTM.