REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCON
Maracaibo; 20 de Noviembre de 2008
198° Y 149°

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo (2°) del artículo 243 de la norma adjetiva, aplicable ésta, por remisión expresa del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pasa este tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:

DEMANDANTE: DOROTHY PURSELLEY DE URDANETA, VIVIAN URDANETA PURSELLEY y MAVALENNE URDANETA PURSELLEY, venezolanas mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos: V-107.885 y V-3.378.582 y V-3.378.581, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES: WERNER HAMM ABREU, FRANCESCA DI COLA, RINA PANSINI, ROSSANA MARTINEZ, CLAUDIA MONTERO, RENE JOSE RUBIO Y LIANETH CAROLINA QUINTERO WEBER, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos: 22.881, 2.263 y 118.134, respectivamente.

DEMANDADO APELANTE: RAFAEL ANTONIO URDANETA PURSELLEY, venezolano, mayor de edad, casado, ingeniero, titular de la cédula de identidad N° V-1.656.569 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADOS JUDICIALES APELANTE: JANETH COLINA PEÑA, GUILLERMO TRUJILLO HERNANDEZ y LESBIA MEZA CARRIZO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos: 22.028, 56.554 y 16.432, respectivamente.


MOTIVO: APELACION CONTRA LA DECISION DICTADA POR EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2008, EN EL JUICIO DE PARTICION DE HERENCIA.

EXPEDIENTES No.628


II
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRESENTE CAUSA


Recibidas las actuaciones en copias certificadas, relacionadas con la apelación interpuesta en el expediente signado con el N° 3332, del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, por la abogada LESBIA MESA CARRIZO, ya identificada, con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario del Estado Zulia, en fecha 26 de junio de 2008, en la que niega la admisión de información genérica a otros bancos por no indicar el hecho concreto que quiere probarse, niega las pruebas de informe de solicitud de información genérica e indeterminada a dichas entidades bancarias en el extranjero por falta de determinación de los hechos, niega la realización del inventario en cuanto a otro titulo de propiedad que no haya sido consignado en actas.


III
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

El Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó en auto el siguiente término:

Omissis…
Con relación al merito a la prueba de informe promovida por la parte demandada a los bancos, VENEZUELA, BANCO DEL CARIBE, BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO UNION (HOY) BANESCO), este Tribunal admite la prueba promovida cuanto a lugar en derecho, en lo que concretamente refiriere a la información solicitada sobre el saldo de las cuentas bancarias que fueron especificadas dentro del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada, para el día 01 de diciembre de 1999, y para el momento actual. En lo que se requiere a la información genérica solicitada a esos mismos bancos y a las pruebas de informes solicitadas a los bancos MERCANTIL, CITIBANK, BANESCO BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO e INTERNACIONAL, y a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, sin que fuera precisada alguna cuenta bancaria en particular, niega la admisión de esa prueba, por no indicar el hecho concreto que quiere probarse y los elementos documentales (archivo, Libros, registros, etc,), de donde la
Institución requerida extraería la información o compulsaría copia de ella, y en ese sentido, ciertamente este Tribunal verifica en los términos como fue promovida esa prueba, resulta ilegal por infracción del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.
Omissis…
No obstante, este Tribunal niega la admisión de las pruebas de informe requerida a las mencionadas Instituciones bancarias del extranjero, en lo que se refiere a la solicitud de información genérica e indeterminada que planea la parte demandada a fin de indagar si en alguna oportunidad el señor RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, quien era venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N°107.897, abrió cuentas de ahorro, corriente, certificados de deposito, o adquirió otro tipo de servicios ofrecidos por la entidad bancaria, en caso de ser positivo que indiquen la fecha de apertura de la cuenta, el tipo el monto del saldo para el día 01 de diciembre de 1999 el saldo actual. La promoción de esa prueba, en la forma indicada, viola el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por falta de determinación concreta del hecho o hechos que consten en los libros, documentos, registros, archivos y demás papeles de esas instituciones bancarias, y por que no fueron indicados los elementos documentales de donde las entidades requeridas abrían de obtener la información solicitada o de compulsarla.

Omissis….
En cuanto a la prueba de inventario solicitado por la parte demandada, este Tribunal admite esa prueba cuanto a lugar en derecho, únicamente en cuanto a los bienes por cuyos títulos de propiedad de determinare que forma parte del acervo hereditario dejado por de cujus, RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, para la fecha de su fallecimiento; y niega la realización del inventario, en cuanto a cualquier otro bien cuyo titulo de propiedad no hubiere sido consignado en actas o que estuviere a nombre de personas distintas al mencionado causante, como es el caso de las empresas denominadas AGROPECUARIA SANTA LUCIA DE URDANETA C.A., AGRPECUARIA LOS JAGUEYES NUEVOS C.A., AGROPECUARIA CORRALVIEJO DE URDANETA C.A., AGROPECUARIA NEGRONES C.A., y GROPECUARIA MIARAFLORES DE URDANETA C.A,. por ser estas compañías anónimas, con personalidad jurídica propia, que no son partes dentro del presente proceso, se fijara por separado la oportunidad para la evacuación del inventario promovido.

IV
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

Cursa ante el Tribunal a quo, formal demanda por PARTICION DE HERENCIA, intentada por las ciudadanas DOROTHY LORAINE PURSELLEY DE URDANETA, VIVIAN URDANETA PURSELLEY y MAVALENNE URDANETA PURSELLEY, en contra del ciudadano RAFAEL ANTONIO URDANETA PURSELLEY, la cual es admitida por auto de fecha dieciséis (16) de mayo de 2006 y tramitada según el procedimiento civil ordinario, cuyo objeto son bienes inmuebles, constituidos por los fundos agrícolas denominados: San Eusebio, Jabilla de Bravo, Portugués del Norte, Los Claros, Jagüeyes Nuevos, Los Nepomucenos, Procurador General de la Nación, Santa Lucía y Miraflores, todos ubicados en jurisdicción del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, los cuales integran las sociedades mercantiles. Así como todas aquellas que conformen el acervo hereditario que están señaladas en el libelo.

Los apoderados judiciales de la parte querellada Janeth Colina, Guillermo Trujillo y Lesbia Mesa, mediante escrito promueven, el valor de las pruebas de: libelo de demanda contentivo de acción de simulación, de las liquidaciones de herencia de Lucila Antonia Gutiérrez Fernández de Urdaneta y Rafael de Jesús Urdaneta Atencio Rincón, padres del de cujus Rafael Urdaneta Gutiérrez a fin de demostrar como la mayoría de los bienes que se discute en este juicio, son bienes propios del mismo, los cuales son: Agropecuaria Santa Lucia de Urdaneta, Compañía Anónima, Agropecuaria Los Jagüeyes Nuevos, Compañía Anónima, Agropecuaria Corral Viejo de Urdaneta, Compañía Anónima, Agropecuaria Negrones, Compañía Anónima y Agropecuaria Miraflores de Urdaneta, C.A., y el valor probatorio del acuerdo amistoso entre los miembros de la sucesión dejada del de cujus.

El 11 de junio de 2008, los ciudadanos José Rafael Vargas Rincón y Rene José Rubio, apoderados judiciales de la parte querellante mediante escrito promueven, el acta de Defunción del causante Rafael Segundo Urdaneta Gutiérrez y acta de matrimonio, documento de los fundos mencionados en el libelo, documento donde quedaron los actos de enajenación o traspasos recíprocos convenidos entre los herederos de Lucila Gutiérrez Fernández de Urdaneta con el co-heredero Rafael Segundo Urdaneta Gutiérrez, Documento donde consta la partición de herencia del de cujus Rafael de Jesús Urdaneta Atencio Rincón y prueba de Experticia. Así mismo en fecha 18 de junio de 2008, se oponen a la admisión de las pruebas promovidas por Rafael Antonio Urdaneta Purselley parte demandada en el proceso.

En fecha 26 de junio de 2008, ese Tribunal de Instancia se pronuncio con respecto a las pruebas promovidas por ambas partes, donde admite por la parte del demandante: la prueba de experticia, por la parte demandada admite la prueba de informe sobre el saldo de las cuentas bancarias, niega la admisión de información genérica a otros bancos por no indicar el hecho concreto que quiere probarse, admite la prueba de solicitud sobre los certificados de ahorro de bancos en el extranjero, niega las pruebas de informe de solicitud de información genérica e indeterminada a dichas entidades bancarias en el extranjero por falta de determinación de los hechos, admite prueba de inventario en cuanto a los bienes de propiedad, niega la realización del inventario en cuanto a otro titulo de propiedad que no haya sido consignado en actas.

El 03 de de julio 2008, el abogado Abigail Colmenares Gallegos procediendo en su carácter de Partidor en el presente juicio, mediante escrito solicita la realización de un inventario de los bienes objeto de la partición, practicándose una Inspección sobre los mismos, se le autorice contratar una firma profesional con el objeto de evaluar los bienes, se emplace a las partes para la entrega de los títulos de propiedad, se le autorice a solicitar adelantos dinerarios para proveer el pago de gastos y expensas útiles a los fines de la realización de la partición y se sirva establecer el plazo para dar cumplimiento a la partición.

El 03 de julio de 2008, la abogada de la parte querellada Lesbia Mesa, apeló de la negativa de la Admisión de las pruebas.

El 09 de julio de 2008, el Tribunal de Instancia prevé en razón de la petición formulada por el Partidor y niega el renglón e) sobre el pago de los emolumentos.

El 10 de julio de 2008, se oyó la Apelación formulada la abogada Lesbia Mesa, en un solo efecto y se ordeno remitir la causa a este Juzgado Superior Agrario de los Estados Zulia y Falcón.

Recibidas en esta Alzada las actuaciones, en fecha 15 de octubre de 2008 relativas a las apelaciones formuladas por la parte accionante, fijándose la audiencia y el lapso de promoción y evacuación de las pruebas para el pronunciamiento de las mismas, sobre el cual la parte apelante consigno escrito de pruebas, siendo admitida por este Tribunal en fecha 22 de octubre de 2008.

Llegada la oportunidad para el acto de informes en esta instancia, con respecto a las apelaciones formuladas contra las decisiones dictadas por el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 11 de noviembre de 2008, respectivamente éste se llevó a efecto con las partes intervinientes en esta causa y formularon sus alegatos en forma oral y sin trascripción de los mismos.

V
DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO SUPERIOR
PARA CONOCER DE LA APELACIÓN

En virtud que la presente acción versa sobre juicio de Partición y liquidación de comunidad Hereditaria, que tiene por objeto en parte, tierras con vocación de uso agrario y subsumido esta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala Humberto Cuenca, citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. Humberto Cuenca. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de Sala Constitucional en sentencia del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), la Sala Constitucional señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción, y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:

“…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, este Juzgado Superior reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de este Juzgado Superior N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams Blanco Bencomo y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”

En acatamiento de la Sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal este Tribunal resulta competente para el conocimiento del recurso de apelación, por ser este, el Superior Jerárquico vertical del Juzgado a quo, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que textualmente nos indica lo siguiente: …Omisis.. “Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del presente Título” Del contenido normativo de las indicadas normas se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de acciones con arreglo al derecho común. ASÍ SE ESTABLECE.

VI
DE LA DECISION APELADA

El Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia por decisión de fecha 7 de Abril de 2008 declaro lo siguiente:

“…Omissis…
Con relación al merito a la prueba de informe promovida por la parte demandada a los bancos, VENEZUELA, BANCO DEL CARIBE, BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO UNION (HOY) BANESCO), este Tribunal admite la prueba promovida cuanto a lugar en derecho, en lo que concretamente refiriere a la información solicitada sobre el saldo de las cuentas bancarias que fueron especificadas dentro del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada, para el día 01 de diciembre de 1999, y para el momento actual. En lo que se requiere a la información genérica solicitada a esos mismos bancos y a las pruebas de informes solicitadas a los bancos MERCANTIL, CITIBANK, BANESCO BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO e INTERNACIONAL, (sic) y a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, sin que fuera precisada alguna cuenta bancaria en particular, niega la admisión de esa prueba, por no indicar el hecho concreto que quiere probarse y los elementos documentales (archivo, Libros, registros, etc,), de donde la Institución requerida extraería la información o compulsaría copia de ella, y en ese sentido, ciertamente este Tribunal verifica en los términos como fue promovida esa prueba, resulta ilegal por infracción del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.
Omissis…
No obstante, este Tribunal niega la admisión de las pruebas de informe requerida a las mencionadas Instituciones bancarias del extranjero, en lo que se refiere a la solicitud de información genérica e indeterminada que planea la parte demandada a fin de indagar si en alguna oportunidad el señor RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, quien era venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N°107.897, abrió cuentas de ahorro, corriente, certificados de deposito, o adquirió otro tipo de servicios ofrecidos por la entidad bancaria, en caso de ser positivo que indiquen la fecha de apertura de la cuenta, el tipo el monto del saldo para el día 01 de diciembre de 1999 el saldo actual. La promoción de esa prueba, en la forma indicada, viola el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por falta de determinación concreta del hecho o hechos que consten en los libros, documentos, registros, archivos y demás papeles de esas instituciones bancarias, y por que no fueron indicados los elementos documentales de donde las entidades requeridas abrían de obtener la información solicitada o de compulsarla.

Omissis….
En cuanto a la prueba de inventario solicitado por la parte demandada, este Tribunal admite esa prueba cuanto a lugar en derecho, únicamente en cuanto a los bienes por cuyos títulos de propiedad de determinare que forma parte del acervo hereditario dejado por de cujus, RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, para la fecha de su fallecimiento; y niega la realización del inventario, en cuanto a cualquier otro bien cuyo titulo de propiedad no hubiere sido consignado en actas o que estuviere a nombre de personas distintas al mencionado causante, como es el caso de las empresas denominadas AGROPECUARIA SANTA LUCIA DE URDANETA C.A., AGRPECUARIA LOS JAGUEYES NUEVOS C.A., AGROPECUARIA CORRALVIEJO DE URDANETA C.A., AGROPECUARIA NEGRONES C.A., y GROPECUARIA MIARAFLORES DE URDANETA C.A,. por ser estas compañías anónimas, con personalidad jurídica propia, que no son partes dentro del presente proceso, se fijara por separado la oportunidad para la evacuación del inventario promovido…”

VII
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR.

De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 de la norma adjetiva, aplicable ésta, por remisión expresa del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pasa esta alzada a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que se fundamentará la presente decisión a saber:

La presente apelación forma parte del juicio que por demanda de PARTICION DE HERENCIA, intentada por las ciudadanas DOROTHY LORAINE PURSELLEY DE URDANETA, VIVIAN URDANETA PURSELLEY y MAVALENNE URDANETA PURSELLEY, en contra del ciudadano RAFAEL ANTONIO URDANETA PURSELLEY.

El aspecto fundamental que debe analizar este Juzgador se concreta en determinar la admisibilidad o no del medio probatorio propuesto por la representación judicial del demandado, en este orden de ideas, partiendo esta alzada del principio general en materia probatoria, según el cual, las partes pueden valerse del cualquier medio, nominado o innominado de prueba para llevar a la convicción del juez el hecho que pretende probar, lo que determina que en esta materia la interpretación debe ser amplia y no restrictiva, para el caso de los medios probatorios, comúnmente llamados Pruebas legales, grupo dentro del cual se incluyen los medios de pruebas previstos por la Ley Adjetiva Agraria, Código Civil, Código de Procedimiento Civil y los señalados en otras leyes; cuya regulación en cuanto a los requisitos para su promoción esta prevista en las normas que los instituyen, el interprete debe atender al cumplimento de dichos requisitos, puesto que su inobservancia deviene la ilegalidad de la prueba.

Ahora bien, observa este Juzgado Superior que la referida representación judicial en la audiencia de informes del procedimiento de segunda instancia ante esta alzada alegó que la prueba fue oportunamente apostillada, y en especifico en los puntos 5 y 6 del capitulo II, con mención especifica de las entidades bancarias y de los instrumentos financieros, cumpliendo según el apelante con los parámetros establecidos en el articulo 433 del Código de Procedimiento Civil y que ratifica su pertinencia rebatida en el auto objeto del presente recurso, en la determinación del acervo hereditario del “de-cujus”.

Así las cosas, evidencia este Juzgado Superior del capítulo II del escrito de promoción de pruebas, que corren a los folios cincuenta y tres (53) al cincuenta y nueve (59) consignado por los apoderados judiciales de la parte demandada, lo siguiente:
5.- A los bancos: Mercantil, Citibank, Banesco, Banco Occidental de Descuento (BOD) e Internacional, a fin de que informen a este Tribunal si en alguna oportunidad el señor RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, quien era venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad No. 107.897, abrió cuentas de ahorro, corriente o adquirió otro tipo de servicio ofrecidos por dichas identidades bancarias, en caso de ser positivo, que indiquen la fecha de apertura de la cuenta, y el monto del saldo para el 01 de diciembre de 1999 y el saldo actual.
Oficios estos que deberán ser remitidos a cualquier sucursal ubicada en esta ciudad de Maracaibo.

7.- Solicitamos al Tribunal se sirva librar oficio a las siguientes entidades bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de que informen a este Tribunal si en alguna oportunidad el señor RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIERREZ, quien era venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad No. 107.897, abrió cuentas de ahorro, corriente, certificados de depósito, o adquirió otro tipo de servicio ofrecidos por la entidad bancaria, en caso de ser positivo, que indiquen la fecha de apertura de la cuenta, el tipo, y el monto del saldo para el 01 de diciembre de 1999y el saldo actual. De reflejar retiros de cantidades de dinero, se nos indique la person