REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa
Guanare, 22 de enero de dos mil nueve
198º y 149º

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA Y SUS PARTES

ASUNTO: PP01-R-2008-000137

PARTE DEMANDANTE: JOSÉ VENANCIO MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.943.774.

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: JOSÉ ARGENIS VELÁSQUEZ VIEZ y YANIRA DEL VALLE BAJARES ABREU, identificados con matriculas de Inpreabogado Nros.- 67.265 y 79.100, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ALMANECES Y TRANSPORTES CEREALEROS (A.T.C.), C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 06 de diciembre de 2000, bajo el Nº 22, Tomo Nº 487-AQTO.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ANAYANCY APONTE, JUAN PABLO ROSALES y ADRIANA GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.- 105.652, 90.958 y 92.354, en su orden.

MOTIVO: Accidente de Trabajo.

SENTENCIA: Definitiva.

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Obra por ante esta alzada el presente expediente en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la abogada ADRIANA GONZALEZ, en su carácter de co-apoderado judicial de la empresa demandada ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALEROS (A.T.C.), C.A., contra la decisión publicada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, en fecha 07/10/2008 (F. 67 al 92 de la II pieza), mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por el ciudadano JOSÉ VENANCIO MENDOZA COUMARE, condenándose a la parte demandada ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALEROS (A.T.C.), C.A. a cancelar al demandante, la cantidad de Bs. 40.295,68 por los conceptos de Indemnización por Accidente de Trabajo y Daño Moral.

SECUENCIA PROCEDIMENTAL

Consta en autos que en fecha 03/07/2007 fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) demanda con motivo de Accidente de Trabajo y Daño Moral presentada por el ciudadano JOSÉ VENANCIO MENDOZA OCUMARE contra ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALEROS (A.T.C.), C.A., por lo cual una vez efectuada la distribución correspondiente fue asignada para su trámite al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Acarigua, quien procedió a impartir la admisión correspondiente en fecha 09/08/2007 (F. 21 de la I pieza), una vez subsanada la demanda por la parte actora, librándose el correspondiente cartel de notificación con la advertencia que una vez que constara en el expediente la misma, se llevaría a cabo la Audiencia Preliminar al décimo (10º) día de despacho a las 9:30 a.m.

Hechos explanados por el actor en el libelo de demanda y su corrección
• Indica que comenzó a laborar en fecha 22/11/2006 con el cargo de chofer de vehículo pesado para la demandada cargando los productos tales como harina, arroz y otros productos alimenticios a todo el país con una jornada de Lunes a Sábado con un horario de iba de acuerdo a los viajes realizados.
• Manifiesta que en fecha 24/11/2006 a la hora de salida a realizar el viaje, 4:30 a.m., a la altura del peaje la pastora sintió un olor a aceite quemado e inmediatamente sintió la explosión del motor perdiendo la visibilidad de la vía por el fuego partiéndose el capó y el parabrisas del vehículo que conducía cayéndole partículas de vidrios en el cuero cabelludo, cuello y brazo izquierdo inmediatamente el vehículo se volcó quedando atrapado en el cinturón de seguridad el cual le fracturó la vertebra número 11 y se le dislocó el fémur de la cadera del lado izquierdo y produjo daño al brazo izquierdo y en el cuello debiendo usar un collarín, logrando finalmente salir de la unidad que se encontraba totalmente incendiada sin que ningún ser humano le ayudara ya que lo único que hacían las personas que se acercaban al sitio del accidente era a descargar “hurtar” la carga que transportaba.
• Relata los sucesos ocurridos con posterioridad a dicho momento, exaltando que mantuvo conversaciones con la empresa demandada a objeto de poder ser operado de su hombro izquierdo, firmando un acta compromiso, aceptando la oferta de la empresa.
• Demanda el daño moral producto de la responsabilidad objetiva por guarda de cosas, señalando que es una persona de 47 años de edad con sexto grado aprobado, de bajos recursos económicos, sin embargo lo percibido alcanzaba para el mantenimiento de su hogar, que tiene 4 hijos, dos menores y 2 mayores de edad, el cual asciende a la cantidad de Bs. 30.000,00.
• Demanda la responsabilidad objetiva establecida en los artículos 560, 562, 573 y 574 de la Ley Orgánica del Trabajo, alegando que la empresa no lo tenía incluido en el Seguro Social, estimando un total demandado por este concepto en la cantidad de Bs. 7.377,48.
• Demanda la cantidad de Bs. 30.739,50 por concepto de las indemnizaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
• La cantidad de Bs. 15.376,00 por concepto de operación médica según informe médico anexo a las actas procesales.

Estimando finamente la demanda en un total de OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 83.492,98).

Continuando con el orden procedimental en el siguiente asunto, tenemos que en fecha 09/11/2007, se inició la audiencia preliminar, la cual fue prolongada en diversas oportunidades y en fecha 11/02/2008 el Tribunal deja constancia que, no obstante que el Juez trato de mediar y conciliar las posiciones de las partes, y que estas comparecieron a todas las prolongaciones de la audiencia preliminar, no se pudo lograr la mediación, por lo que da por concluida la audiencia preliminar y ordena la remisión del expediente al Juez de Juicio respectivo y consecuencialmente agregar al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines de su admisión y evacuación por ante el Juez de Juicio dejándose transcurrir el plazo para la contestación de la demanda todo de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 74 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En este orden de ideas, en fecha 18/02/2008, el co-apoderado judicial de la parte demandada, Abogado JUAN PABLO ROSALES, consigna escrito de Contestación a la demanda en los términos siguientes:
• Admite la ocurrencia del accidente, así como el hecho que se produjo una explosión del motor y que a consecuencia de ello resultó lesionado el trabajador, no obstante niegan y rechazan que el accidente fue producto de un hecho ilícito.
• Niega, rechaza y contradice la fecha de ingreso del trabajador accionante a la empresa, alegando que el trabajador se encontraba bajo un período de prueba que comenzaba el 21/11/2006 y finalizaba el 5/02/2007.
• Niega que el trabajador haya sido despedido ya que tratándose de una relación sometida a un periodo de prueba y a tiempo determinado se dio por concluida en fecha 05/02/2007 tal como lo estableció el contrato suscrito entre las partes.
• Reconoce las situación de hecho en que sucedió el accidente solo haciendo acotación que el accidente se produjo fue a la altura de la carretera nacional sector La Caliza, Municipio Carache del estado Trujillo y no en la Troncal Barquisimeto – Carora.
• Alega que el accidente fue notificado al INSAPSEL de conformidad con el artículo 56 ordinal 11 de la LOPCYMAT.
• Niega el hecho que la empresa se haya negado a prestar asistencia médica y hospitalaria y de traslado de emergencia al trabajador pues como se demuestra de actas procesales (anexos marcados I-1 hasta I-10 y J) se cancelaron todos los gastos que se generaron con ocasión al accidente y cuya suma supera los Bs. 50.000,00.
• Niega la procedencia de la responsabilidad objetiva puesto que el trabajador se encontraba inscrito en el Seguro Social, siendo el órgano responsable de tales indemnizaciones el I.V.S.S.
• En cuanto a la responsabilidad subjetiva niega y rechaza que su representada hubiere generado conductas negligentes o culposas que dieren lugar a la ocurrencia del accidente ya que como bien lo señala el actor en su libelo la causa que origina el accidente es una “explosión del motor” vale decir un hecho fortuito o de fuerza mayor no previsible lo que produjo la pérdida de la visibilidad en la vía a razón del humo y el fuego lo que generó que se perdiera el control y el dominio del vehículo y su consecuente volcamiento.
• Señala como circunstancias atenuantes de que el vehículo involucrado en el accidente era un Mercedes Benz último modelo año 2006 con escasos 5 meses de uso, dotado con equipos, herramientas y dispositivos en excelente estado tal como se desprende de planilla de recepción y entrega firmada por el chofer marcado “G”. Con servicios de taller constantes y continuados a los fines de garantizar el perfecto uso y funcionamiento de la unidad tal como consta en la documental marcada “H”.
• Niega que al actor le correspondan las indemnizaciones de la LOPCYMAT de acuerdo al artículo 80 numeral 1 ya que no existe violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y además de ello es erróneo e ilegal la aplicación de la mencionada normativa legal por cuanto debido a las disposiciones transitorias de la Ley no ha entrado en vigencia hasta tanto se constituya la nueva tesorería de Seguridad Social.
• Señala que no consta en autos la certificación de incapacidad emitida por el órgano competente que acredite la situación patológica del trabajador.
• Niega el monto estimado por concepto de daño moral puesto que el mismo debe ser prudencialmente estimado por el juez.
• Niega que se le adeude cantidad alguna por concepto de operación ya que dicho pedimento es ilegal puesto que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

Continuando con el curso del proceso en el presente asunto, se observa que en fecha 21/02/2008, fue recibido el expediente por el Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Acarigua, siendo admitidas las pruebas promovidas por las partes, el 28/02/2008 (F. 184 al 189 de la I pieza), fijándose la Audiencia de Juicio para el día 27 de marzo de 2008, fecha en la cual no se dio inicio a la misma, puesto que tuvo que ser suspendida, motivado a que no se había recibido la prueba de informe solicitada al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) de los estados Portuguesa, Barinas y Cojedes.

Ahora bien, en fecha 21/05/2008 se avoca al conocimiento de la causa, la abogada GABRIELA BRICEÑO VOIRÍN, quien fue designada como Jueza Provisoria del Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, sede Acarigua, quien, previo vencimiento de los lapsos respectivos, sin que recayese sobre ella recusación alguna, y siendo que constaba en autos todos y cada uno de los medios probatorios aportados y solicitados por las partes, reprograma la Audiencia de Juicio para el día 24/09/2008. En dicha oportunidad, el tribunal a quo procedió a dictar el dispositivo oral del fallo declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la acción por reclamación de indemnizaciones por accidente de trabajo, interpuesta por el ciudadano JOSÉ VENANCIO MENDOZA OCUMARE contra la sociedad mercantil ALMACENES Y TRANSPORTES CEREALEROS (A.T.C.), C.A., siendo efectuada la publicación del texto íntegro del fallo, en fecha 07/10/2008 (F. 67 al 92 de la II pieza).

Seguidamente, el día 14/10/2008 (F. 94 y 95 de la II pieza), la co-apoderada judicial de la parte demandada abogada ADRIANA GONZALEZ, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión, sólo con lo que respecta al monto condenado por concepto de Daño Moral; siendo oída dicha apelación en ambos efectos y remitido el presente expediente este Juzgado Superior del Trabajo, a los fines de la decisión del fallo apelado, en fecha 15/10/2008 (F. 98 de la II pieza).
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Analizadas las actas procesales que conforman el presente expediente, observa quien juzga que en fecha 07/10/2008 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Acarigua, procedió a publicar el texto íntegro de la sentencia recaída en la presente causa, en la cual fue declarada PARCIALMENTE CON LUGAR la acción por reclamación de indemnizaciones por accidente de trabajo, interpuesta por el ciudadano JOSÉ VENANCIO MENDOZA OCUMARE contra la sociedad mercantil ALMACENES Y TRANSPORTES CEREALEROS (A.T.C.), C.A.

En éste sentido, advierte quien decide que por cuanto el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, versa sólo contra el monto condenado por concepto de Daño Moral, a continuación se transcribirá parcialmente la sentencia los términos en los cuales la a quo basa la sentencia recurrida, con referencia a dicho concepto:
“Establecido lo anterior, es de superlativa importancia mencionar, con relación a la indemnización por daño moral pretendida por el trabajador reclamante, que siendo el daño moral una la lesión sufrida por la víctima en sus sentimientos, afectos, creencias, honor o reputación, o en su vida psíquica, el mismo no puede ser realmente cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, por tanto queda a la libre estimación del Juez sentenciador.
En este sentido, la doctrina ha sido clara y reiterativa al establecer que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral, el Juez necesariamente, tiene que sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la ley y la equidad, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable.
Siendo así, es menester señalar que en el caso de marras la parte actora ha alegado y probado que el accidente de trabajo se materializó y que él mismo fue como consecuencia de la relación de trabajo (relación de causalidad), tal como quedó demostrado de la participación del accidente que hace la empresa al Ministerio del Trabajo y al INPSASEL así cómo según lo expresado en la certificación suscrita por un funcionario de INPSASEL cursante al folio 238, la cual establece que se certifica el accidente de trabajo que produce en el trabajador un hombro congelado por desgarro del tendón de inserción del músculo supraespinoso (manguito rotador) que origina una discapacidad parcial y permanente, lo cual consecuencialmente da lugar a una responsabilidad objetiva del patrono fundada en la teoría del riesgo profesional que conlleva a que se acuerde e incluya dentro de esta responsabilidad una justa, equitativa y razonable indemnización por daño moral.
De modo pues que, ante la real constatación del accidente laboral sufrido por el demandante no queda más que tarifar el daño moral demandado, lo cual se hace de la siguiente manera, en primer lugar este Tribunal para decidir el presente asunto, acoge y hace suya sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 116, de fecha 07/03/2002, con ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, caso HILADOS FLEXILON, S.A, la cual dentro de su contenido dispone de manera sistematizada los criterios que deben seguir los operadores de justicia al momento de condenar el daño moral, el cual si bien es cierto al no poder ser realmente cuantificable, ni mucho menos tarifado por la Ley, queda a la libre estimación del sentenciador, quien a partir de un proceso lógico de establecimiento de los hechos, aplica la ley y la equidad, con el auxilio de los parámetros jurisprudenciales patentizados en la decisión citada supra parámetros éstos que de seguidas se aplican al caso de marras:
a. En relación a la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico, emerge de las actas procesales específicamente de la certificación emanada del INPSASEL inserto al folio 50 de la segunda pieza que el ciudadano actor sufrió un accidente de trabajo que produce en el trabajador un hombro congelado por desgarro del tendón de inserción del músculo supraespinoso (manguito rotador) que origina una discapacidad parcial y permanente, que dicho ciudadano ha quedado afectado para desempeñar las labores o trabajos que requieran tensiones excesivas de hombro izquierdo con flexión y abducción de hombro mayor a 90° y levantamiento o manipulación de carga, es decir en cierta forma restringido, en su condición física para desempeñar ciertas actividades laborales, lo cual reduce significativamente su campo laboral, específicamente en lo que respecta al oficio que desempeñaba antes de accidente, el cual requiere de una labor eminentemente manual. Aunado a ello tal como se desprende de la documental que riela inserta al folio 162 contentivo de resumen de historia clínica fisiatría se determina que para la fecha 27/06/2007 el actor tiene una evolución NO SATISFACTORIA.
b. En este orden de ideas, en el caso objeto de la presente decisión, se evidencia en cuanto al grado de culpabilidad de la accionada, quedó demostrada la existencia del accidente de trabajo y por ende de la responsabilidad objetiva de la misma, no obstante, la empresa tenía inscrito al trabajador en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales así mismo, como atenuante a favor de la empresa se evidencia que le sufrago varios gastos médicos ocasionados en virtud del accidente sufrido. Aunado a ello se evidencia que la empresa se comprometió a emitir carta aval para la operación quirúrgica del accionante.
c. Por otra parte, en lo concerniente a la conducta de la víctima, no quedo demostrado durante el proceso que el trabajador haya coadyuvado a la ocurrencia del hecho.
d. En lo tocante al grado de educación y cultura del reclamante, así como su posición social y económica, se trata de un ciudadano, de 46 años de edad, con un grado de instrucción de sexto grado se desempeñaba como chofer devengando salario mínimo, evidenciándose su condición de trabajador de escasos recursos económicos.
e. Con respecto a la capacidad económica de la empresa demandada, no emerge de las actas procesales el capital social de la accionada.

Del análisis precedente, considera esta instancia que a los efectos de indemnizar al actor por el daño moral sufrido producto de la responsabilidad objetiva, constituye una suma equitativa y justa la cantidad VEINTIOCHO MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 28.000,00). En consecuencia, se condena a la demandada a pagar al actor dicha cantidad y así se decide. (Fin de la cita).

Finalmente señaló en el Dispositivo del fallo lo siguiente:
“Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción por reclamación de indemnizaciones por accidente de trabajo interpuesta por el ciudadano JOSE VENANCIO MENDOZA OCUMARE contra la empresa ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALEROS (A.T.C.) C.A, por las razones expuestas en la motiva.

SEGUNDO: Se condena a pagar a la empresa ALMACENES Y TRANSPORTE CEREALEROS (A.T.C.) C.A inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa en fecha 06/12/2000, bajo el Nº 22, tomo 487-A al ciudadano JOSE VENANCIO MENDOZA OCUMARE, titular de la cédula de identidad N ° 5.943.774 la cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 40.295,68) por los conceptos indicados en la motiva.

TERCERO: No hay condenatoria en costas por la declaratoria parcialmente con lugar de la presente acción”. (Fin de la cita).

ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA ORAL

Con fundamento en los principios procesales de la inmediación y oralidad, pilares esenciales dentro de los cuales reposa el nuevo paradigma adjetivo laboral, este juzgador pasa a parafrasear los alegatos esgrimidos por la parte demandada-apelante en la audiencia oral celebrada por esta superioridad en fecha 14/01/2009, así como lo expresado por la representación judicial de la parte demandante.

Señaló el Co-Apoderado Judicial de la parte demandada-recurrente, Abogado Juan Pablo Rosales, lo siguiente:
 Que difiere de las motivas que impulsaron a la a quo a condenar el monto de Bs. 28.000,00 por concepto de daño moral, toda vez que dicha cantidad se aleja de la condena por el Tribunal Supremo de Justicia en casos análogos.

Por su parte, el co-apoderado judicial de la parte demandante, Abogado José Argenis Velásquez Viez, al concedérsele la palabra adujo que:
 Ratifica en todas y cada una de sus partes el libelo de demanda.

PUNTO CONTROVERTIDO

Revisadas las actas que conforman el expediente, oídas las exposiciones tanto de la parte apelante como de la parte actora, ésta superioridad observa que el asunto sometido a su consideración, consiste en determinar si la cuantificación del daño moral fijada por dicha sentenciadora de instancia, fue acorde a la lesión sufrida por el trabajador con motivo del accidente de trabajo. En este sentido, es importante resaltar, que en virtud del principio que limita el conocimiento de los jueces de alzada denominado “tantum apelatum, quantum devolutum”, los restantes puntos de la decisión proferida por el a quo, quedan incólumes por haber manifestado la parte apelante en la Audiencia Oral y Pública de Apelación, celebrada por este juzgado, su conformidad respecto de los mismos. Así se establece.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA

En relación a la distribución de la carga probatoria, ambas partes están llamadas a probar, por cuanto el actor debe probar los hechos que fundamentan su pretensión y la demandada aquellos hechos que sustentan su excepción, o lo que es igual las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Al respecto en fallo de fecha 15 de mayo de 2000, estableció la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la inversión de la carga probatoria, lo siguiente:
“…corresponde a la actora probar el hecho ilícito, la existencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado…”. (Fin de la cita).

Igualmente la Sala Social respecto a la responsabilidad objetiva, en sentencia de fecha 17 de Mayo del año 2000, señaló:
“…De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la teoría de la responsabilidad objetiva nace del supuesto de que el daño causado por un objeto debe ser reparado por su propietario, no porque el dueño haya incurrido en culpa, sino porque su cosa, su maquinaria ha creado un riesgo, sobre el cual debe responder, indemnizando al trabajador tanto por el daño material como por daño moral…”. (Fin de la cita).

En este sentido quien sentencia, haciendo suyos los criterios anteriormente expresados es por lo que se considera que el actor debe probar la veracidad de sus dichos a los fines de la procedencia de solicitud, es decir, el actor debe probar además del daño, que la demandada incumplió los deberes de la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo, y que ese incumplimiento produjo el daño (daño, culpa y nexo causal).

De tal modo pues que el trabajador debe demostrar el acaecimiento del accidente de trabajo, o el padecimiento de la enfermedad profesional, así como también, la demostración del grado de incapacidad sobrevenida, solo a los fines de determinar el monto de la indemnización que por concepto de incapacidad debe recibir el trabajador o sus familiares en caso de muerte de aquel, establecidos en la propia Ley Orgánica del Trabajo.

En atención a lo anterior, ha sido criterio de la Sala de Casación Social, respecto a la indemnización por daño moral, que en materia de infortunios de trabajo, demostrado el accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, según la cual procede el pago de una indemnización por daño moral a favor del trabajador, independientemente de la culpa del patrono.

CÚMULO PROBATORIO

Como quiera que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada-recurrente versan sobre un punto de fondo como lo es la estimación del daño moral, este juzgador pasa a valorar el material probatorio aportado por ambas partes.
PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:

Documentales:

• Copia fotostática simple de la notificación de accidente de trabajo realizada ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Portuguesa, Barinas y Cojedes (F.114 de la I pieza). De tal medio probatorio, se desprende que la parte accionada notificó oportunamente al INPSASEL en fecha 28/11/2006 sobre el accidente sufrido por el demandante en fecha 24/11/2006, motivo por el cual esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo, como demostrativa que la empresa demandada cumplió con lo estipulado en la LOPCYMAT. Así se aprecia.
• Copia certificada de la orden de trabajo Nº 07-0129 ante INPSASEL, conjuntamente con el expediente del accidente de tránsito levantado por la Oficina de Vigilancia y Auxilio Vial del Municipio Candelaria del estado Trujillo (F.115 al 153 de la I pieza). En atención a dicha documental, quien decide considera que la misma es demostrativa lo siguiente: a.-) Que se efectuó la investigación del accidente; b.-) Que la empresa tiene registrado el Comité de Prevención y Salud Laboral; y c.-) Que se efectuó la debida notificación al I.V.S.S., sobre el accidente sufrido por el demandante; documental que no fue atacada por la parte contraria, por lo que ésta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo. Ahora bien, valorada como ha sido la anterior probanza, ésta superioridad considera oportuno aclarar que, a diferencia del criterio acogido por la jueza a quo, en cuanto a la valoración de éste medio probatorio, quien afirmó que de allí se desprende que “la causa inmediata del mismo de (sic) debió a `riesgo derivados de la movilidad de las maquinarias automotrices aunado a ello a la falta de mantenimiento preventivo´ incumpliendo con el artículo 5, numeral 7 y 61 de la LOPCYMAT; Así (sic) como se determinó el incumplimiento de los artículos 53 numeral 2 y 56 numeral 3 ejusdem”, dentro de las funciones que la ley le impone a los funcionarios adscritos al INPSASEL no se encuentra la potestad de certificar o ca