REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
EXP. 3648-11.
Discurre el presente proceso de Cobro de Bolívares, a través de los trámites previstos en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, relativo al Procedimiento Oral, por expresa remisión de las resoluciones Nos. 00066 y 00067, emanadas de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la Republica, y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.603, de fecha 22 de Septiembre de 2006, con vigencia a partir del día primero (1) de Marzo de 2007, designándose como tribunales pilotos para su implementación los Juzgados de Municipios del Área Metropolitana de Caracas y de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo. En dicho proceso la Sociedad Mercantil Constructora Martínez & Cáceres, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 6 de Septiembre de 2010, bajo el Nº 47, Tomo 62-A, de los libros respectivos, representada por su Presidente ciudadano JHOSUE RENE MARTINEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº 13.300.447, debidamente asistido por el Profesional del Derecho RAFAEL ANTONIO VIDAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.564, interpone formal demanda en contra de la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº 17.412.135, domiciliada en el Municipio San Francisco Estado Zulia.





I
Alegatos de las partes.
Alega la parte actora, que la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, es accionista de la sociedad mercantil demandante, ejerciendo el cargo de Vicepresidenta, como se evidencia de Acta de Asamblea anexa a los autos. Manifiesta la accionante que el día 14 de Marzo de 2010, la institución bancaria Banco Provincial, C.A., aprobó crédito a favor de la Sociedad Mercantil demandante por la suma de CIENTO CUARENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 140.000, oo), el cual a su criterio sólo se ha cumplido con las cuotas de ganancias del ciudadano JHOSUE RENE MARTINEZ ARRIETA, ya que en su carácter de Presidente es el responsable con la institución financiera del pago real y oportuno de la obligación contraída, negándose la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, a cumplir ante la referida institución bancaria, con el cincuenta por ciento (50%) que le corresponde por el carácter de Vicepresidenta que ejerce en nombre de la Sociedad Mercantil accionante.
Expresa la parte accionante que, en virtud de las diferencias suscitadas entre los socios de la empresa, la misma ya no se encuentra desarrollando ningún tipo de actividad empresarial, encontrándose dentro de su Patrimonio dos (2) cuentas por cobrar, una por la suma de SIETE MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 7.000, oo), y otra por la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLIVARES CON 60/100 (Bs. 65.917, 60), soportada a través de factura Nº 000165, de fecha 28 de marzo de 2011. Refiere la empresa demandante que, las cuentas por cobrar que posee la sociedad mercantil no alcanzan para cumplir las obligaciones contraídas y que por su parte la demandada de autos, se encuentra a la expectativa del cobro de dichas sumas de dinero, para tomar su cincuenta por ciento (50%), y no cumplir con la responsabilidad ante el banco, por lo cual demanda a la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, para que pague la suma de SETENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 70.000, oo), para poder cumplir con las responsabilidades de la empresa, fundamentando su acción en los artículos 759 y 1221 del Código Civil Venezolano.
Así mismo, de conformidad al artículo 864 del Código de Procedimiento Civil, dado la Naturaleza de este tipo de Procedimiento, la empresa demandante Sociedad Mercantil Constructora Martínez & Cáceres, C.A., produce con su Libelo como Medios Probatorios admisibles en esta etapa del proceso, los siguientes documentos:
 Constancia Crediticia emitida por la institución bancaria Banco Provincial, C.A.
 Factura Nº 000165 de fecha 28 de marzo de 2011.
 Copia Fotostática simple de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Constructora Martínez & Cáceres, C.A.
Por auto de fecha 2 de Junio de 2011, se admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda de Cobro de Bolívares, conforme a las pautas fijadas en el Titulo XI del Código de Procedimiento Civil, relativas al Procedimiento Oral, ordenándose el emplazamiento de la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº 17.412.135, domiciliada en el Municipio San Francisco Estado Zulia, para que rindan contestación a la demanda incoada en su contra en el vigésimo (20) día de Despacho siguiente a la constancia en actas de haberse llevado a cabo su citación.
De actas se evidencia que el día 8 de Junio de 2011, la parte accionante con la asistencia letrada del profesional del derecho RAFAEL ANTONIO VIDAL, pagó los emolumentos necesarios al Alguacil natural de este Despacho, a fin de practicar la citación personal de la parte accionada de conformidad con lo establecido en el articulo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Posteriormente el Alguacil titular de este Juzgado el día 28 de Junio de 2011, realiza su exposición en la cual la demandada de autos ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO, quedó formalmente citada, agregando a los autos el correspondiente Recibo de Citación debidamente firmado por la accionada.
De un examen minucioso de las actas que conforman el presente expediente, se observa que el día 22 de Septiembre de 2011, la parte accionante solicitó del Tribunal declare la Confesión Ficta de la parte demandada de conformidad a lo establecido en el articulo 887 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 362 eiusdem, siendo esté el último de los actos procesales que consta en actas.
II
De la Citación de la Accionada.
Conforme a las pautas establecidas en el articulo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, relativo al Procedimiento Oral, el proceso debe discurrir íntegramente como así lo prevee la normativa legal, es así que al haber quedado citada personalmente la parte demandada conforme a la exposición realizada por el Alguacil Titular de este Despacho, ésta debió dar contestación a la demanda en el vigésimo día hábil siguiente a la constancia en el expediente de haberse realizado su citación. Es así que al constatarse esta situación, debió la parte accionada dentro del lapso legal correspondiente, es decir, a partir del día 28 de Junio de 2011, exclusive, dar contestación a la demanda, por encontrarse a derecho desde entonces, cosa esta que no sucedió, aperturándose consecuencialmente ope legis el lapso de cinco (5) días establecido en el articulo 868 del Código de Procedimiento Civil, a fin de hacer valer los medios probatorios que estimara pertinente en la fase correspondiente y acreditar de esa manera, algo que le favorezca que haga improcedente la pretensión de la demandante, resultando infructuosa su comparecencia al proceso, mostrando la parte accionada una actitud totalmente rebelde.
III
De la Confesión Ficta.
La ley adjetiva civil establece una serie de cargas a lo largo del proceso, dirigidas tanto al sujeto activo como el pasivo de la relación procesal, lo cual se traduce en la exigencia principal, de que el demandante realice los tramites relativos a la citación del demandado, y que este a su vez, de contestación a la demanda incoada en su contra. En este sentido el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece la figura de la Confesión Ficta, que opera cuando el demandado no da contestación a la demanda en el plazo indicado para ello, y es así que, en el caso de autos la causa se sigue por los trámites relativos al Procedimiento Oral, el cual establece un término especifico para dar contestación a la pretensión propuesta por el actor.
Siguiendo lo establecido en el artículo in comento, y aunado a lo anterior, el demandado aun sin haber ejercido su respectivo derecho de defensa, podrá presentar las pruebas que considere pertinente y que le favorezca para enervar la pretensión del accionante.
Así las cosas, si el demandado no comparece a dar contestación a la demanda en el tiempo legalmente previsto, ocurre entonces en el juicio, la inversión de la carga de la prueba, y con ella la presunción iuris tantum de veracidad de los hechos invocados en el Libelo.
Por ello, en el presente Proceso Oral, por aplicación del articulo 868 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 362 eiusdem, el demandado contumaz debió desvirtuar los hechos que se le imputan mediante la presentación o promoción de las pruebas pertinentes, sin que le sea permitido argumentar circunstancias fácticas o excepciones que ha debido anunciar en el momento correspondiente al acto de contestación. Señala la norma, que si la actitud rebelde del demandado se mantiene al extremo de no articular prueba alguna capaz de desvirtuar la presunción de veracidad que opera en su contra, se procederá a sentenciar la causa sin más dilación dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del lapso de promoción, ateniéndose a la confesión presunta del demandado, siempre y cuando la pretensión no fuere manifiestamente ilegal o contraria al orden público y a las buenas costumbres.
Al respecto, el Dr. Duque Corredor, en su Obra Apuntaciones sobre Procedimiento Civil Ordinario, Tomo II, pagina 401, afirma que, el Juez: “en lugar de fijar la Audiencia Preliminar al que se contrae el articulo 868 eiusdem, en su segundo párrafo, debe esperar a que transcurra el lapso de promoción de pruebas de cinco (5) días, que se habré de pleno derecho, para que el demandado promueva pruebas para desvirtuar la confesión ficta, para así determinar si debe proceder a sentenciar la causa en los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, sin que el demandado haya promovido alguna”.
En este sentido siguiendo la doctrina transcrita, bajo tal hipótesis corresponde a este Sentenciador proferir el fallo correspondiente, a objeto de determinar si el pedimento realizado por la parte accionante de declarar la Confesión Ficta de la accionada, resulta procedente por no ser contraria al orden publico, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, y como consecuencia, el juicio finalizará con el fallo al que se contrae el articulo 362 del Código de Procedimiento Civil, es decir, concluye en la Fase Instructoría, sin que se aperturen las fases subsiguientes a ella.
Ahora bien, en el caso de autos, una vez verificada la citación personal de la parte accionada y consignada a los autos por el Alguacil Titular de este Juzgado la Boleta de Citación de la demandada, esto es, el día 28 de Junio de 2011, comenzó en consecuencia a discurrir en el día de Despacho siguiente, el lapso de comparecencia de la parte accionada, transcurriendo en efecto los veinte (20) días de emplazamiento que le fueron otorgados conforme a la Ley, sin que hubiese comparecido a dar contestación a la demanda, ni mucho menos promovió prueba alguna en el lapso especial de cinco (5) días de pruebas, siguientes al vencimiento del lapso pautado en el cual debió ejercer sus defensas.
En relación a la conformación del contradictorio se precisa que, la empresa accionante, reconoce de manera expresa que el crédito concedido por la institución bancaria Banco Provincial, C.A., le fue otorgado a la Sociedad Mercantil Constructora Martínez & Cáceres, C.A., como lo acredita con las pruebas documentales acompañadas al Libelo de demanda y cursantes a los folios tres (3) y cuatro (4) del expediente, y de cuyo texto se aprecia que el instituto bancario acreedor le concedió a dicha empresa un préstamo denominado “Microcrédito Tasa Variable con Promoción P.J”, con vencimiento el día 16 de Marzo de 2012, como consta en la certificación de fecha 26 de Mayo de 2011, y su correspondiente consulta de deuda de fecha 30 de ese mismo mes y año, de lo cual se infiere que la obligada frente al banco acreedor lo es la propia accionante, como también lo reconoce en los hechos planteados en su Libelo de demanda.
Adicionalmente a lo anterior, se observa de un minucioso examen de los hechos constitutivos de la pretensión que, la reclamación formulada a la demandada, se sustenta en la condición de Vicepresidente que se le atribuye a la accionada, como se pretende probar con el acta de Asamblea Extraordinaria de dicha empresa de fecha 4 de Agosto de 2010. Ahora bien, en el acta en referencia no consta que la mencionada ciudadana ejerza en la referida sociedad mercantil el carácter de Vicepresidenta, ya que con ese medio solo se logra demostrar la condición de accionista de la demandada ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO.
De otro lado se observa, de la propia manifestación del Presidente de la compañía demandante, que además de ser la empresa deudora directa de la obligación contraída con el Banco Provincial, C.A., no afirma ni acompaña medio de prueba alguno que justifique el carácter de acreedor que tiene su representada con los accionista de la compañía, y por ende, quien puede reclamar el pago de las obligaciones pendiente con el instituto bancario acreedor, es precisamente dicha entidad, y no la actora, quien por el contrario es la única deudora frente a su acreedor.
Por ultimo, conviene en esta oportunidad recalcar que para declarar la procedencia de la Confesión Ficta, se requiere la verificación de dos elementos concomitantes, como lo son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio, no probare nada que le favorezca. De tal forma que, al descender el juzgador al contenido y alcance de la pretensión, observa que la misma resulta contraria a derecho, tomando en cuenta que la petición libelar no encuentra el reconocimiento de la Ley, al no subsumirse dentro de los supuestos de hechos a los que se contrae los artículos 759 y 1221 del Código Civil Venezolano, invocados por la actora como fundamento de derecho para deducir su pretensión. En consecuencia, por los argumentos expuestos se declara Sin Lugar la demanda, tomando en cuenta que de las circunstancias facticas planteadas en el Libelo de demanda no se desprende en forma alguna que dicha ciudadana sea deudora con la institución bancaria acreedora, ni mucho menos frente a la empresa. ASÍ SE DECIDE.





III
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la demanda que por Cobro de Bolívares, sigue la Sociedad Mercantil Constructora Martínez & Cáceres, C.A., en contra de la ciudadana ANLLERLYS MARIAN CACERES PERDOMO.
SEGUNDO: Se condena en costas a la parte accionante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de Dos Mil Once (2011).- AÑOS: 200° de la Independencia y 152º de la Federación.-
EL JUEZ

DR. FERNANDO ATENCIO BARBOZA
EL SECRETARIO

Mgsc. ALANDE BARBOZA CASTILLO.


En la misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el Nº 116/2011.-
EL SECRETARIO.