REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Sala 3
Maracaibo, 15 de mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2011-026063
ASUNTO : VP02-R-2012-000277

DECISIÓN No. 136-12.-

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: DRA. JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

Visto el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual el juzgado de instancia entre otros pronunciamientos decreto la nulidad absoluta del escrito acusatorio presentando en contra los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, ordenando retrotraer la causa a la fase de investigación previa a la acusación, acordando mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los acusados antes mencionados.

Recibida la causa, se le dio entrada en fecha 24 de abril de 2012, y se designó como ponente a la Jueza Profesional Dra. JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Posteriormente en fecha 30 de abril de 2012, se admitió el referido recurso de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal; llegada la oportunidad para decidir, este Tribunal Colegiado lo hace sobre la base en los fundamentos que a continuación se exponen:

I. DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO:

Los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, interponen su recurso de apelación de conformidad con el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, sobre la base de los respectivos argumentos:

Alegaron los recurrente, que el escrito acusatorio presentado por la representación Fiscal, versa sobre unos hechos denunciados, evidenciando la comisión de unos delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y en el Código Penal, cometidos por los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, sobre los referidos imputados se plasmaron en el escrito acusatorio, una serie suficientes, concordantes y certeros elementos de convicción, los cuales los hacen los presuntos responsables en los delitos que se les atribuye, conteniendo el precepto jurídico aplicable y las pruebas obtenidas de forma lícita durante el transcurso de la investigación, cumpliendo con todos los requisitos contenidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Argumentaron los apelantes, que resulta contradictoria e ilógica la decisión emitida por el juez de instancia, ya que por una parte declara sin lugar la pretensión de la defensa de los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE y JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, y por otra parte declara con lugar la petición de la defensa de la imputada FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, anulando con ello todo el escrito acusatorio, no observando que al existir varios imputados en dicha acusación con tipos penales distintos, la nulidad absoluta que se cuestiona conlleva a generar un gravamen irreparable a la vindicta pública, al tener que practicar nuevas diligencias de investigación que resultarían redundantes, generando una nueva dedicación para realizar el acto conclusivo, tomando en consideración que con respecto a los funcionarios imputados existen suficientes elementos de convicción presentados para concluir con la acusación, inclusive el a quo en la motivación de la decisión impugnada, no aludió vicios en cuanto a la acusación planteada para los cuatro funcionarios imputados.

Esgrimieron los representantes del Ministerio Público, que todos los imputados incriminados en el escrito acusatorio, se les fueron respetados todos sus derechos y garantías que le asisten, en observancia del debido proceso; destacando que a la imputada Fátima María Mesa, al momento del acto de imputación se acogió al precepto constitucional, sin requerir actuaciones de exculpación, sólo fue pasado diecinueve (19) días, cuando su defensor presentó un escrito solicitando diligencias de investigación, precisamente dos (02) días antes que la vindicta pública presentaron el correspondiente acto conclusivo, lo que se evidencia que la intención es retardar el proceso. Por consiguiente, a criterio de la fiscalía no existió violación alguna de los derechos y garantías de la aludida imputada.

En mérito de las consideraciones que expusieron, los representantes de la Vindicta Pública, solicitaron en el escrito de apelación de autos que se declare con lugar el recurso de apelación contra la decisión emitida en fecha 28 de marzo de 2012, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, y en consecuencia se anule la resolución impugnada, y sea admitida la acusación fiscal presentada en los términos planteados.

II. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE:

La abogada MILAGRO MORALES GONZÁLEZ, Defensora Pública Décima Séptima adscrita a la unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando en su carácter de defensora de la imputada FÁTIMA MARÍA MESA DE SOLARTE, procedió a dar contestación el recurso de apelación de autos, en los siguientes términos:

Argumentó la defensa pública, que resulta incomprensible entender los alegatos expuestos por la representación Fiscal en su escrito recursivo, por cuanto el mismo infiere que la sentencia recurrida adolece de dos vicios como lo son la contradicción e ilogicidad en la motivación, siendo ello improcedente y discordante puesto que una es excluyente del otro supuesto.

Manifestó quien contesta, que no existe contradicción e ilogicidad en la motivación de la decisión emitida por el juzgado de instancia, en virtud de encontrarse ante delitos diferentes para cada uno de los ciudadanos acusados, a saber los delitos de concusión y simulación de hecho punible, siendo necesarias diligencias de investigación solicitadas por la defensa para el esclarecimiento de los hechos objetos de la presente causa.

Destacó la defensa técnica, que del estudio minucioso del contenido integro del fallo impugnado, se evidencia que del mismo pueden extraerse las razones que tuvo el juzgador para declarar la nulidad absoluta del acto conclusivo, presentado por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, toda vez que no se practicaron las diligencias de investigación propuestas por su defendida para demostrar su inocencia en los hechos por los cuales estaba siendo procesada, con la finalidad de demostrar que era víctima de una extorsión por parte de las personas que interpusieron denuncia en su contra, violentándose lo dispuesto en los artículos 125 y 305 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Señaló, que mal puede el Ministerio Público esgrimir que la decisión recurrida le causa un gravamen irreparable, al tener que practicar unas diligencias de investigación, puesto que la vindicta pública como parte de buena fe, debe realizar las diligencias de investigación tendientes a determinar y esclarecer los hechos acaecidos, al cercenarle a su defendida el derecho a la defensa al no practicar las experticias requeridas para demostrar que los denunciantes recibieron el dinero que se les adeudaba, comprobando con ello que la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA, en ningún momento ha simulado hecho punible alguno, tal como consta en la investigación fiscal llevada por ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público, por lo cual, del estudio minucioso del contenido integro de la decisión impugnada, se evidencia que se puede extraer las razones que consideró el juzgador para declarar la nulidad del acto conclusivo, toda vez que el sentenciador plasmó las exposiciones de los hechos de conformidad con lo manifestado por las partes, para luego en la parte motiva de la decisión llegar a una conclusión, la cual lejos de adolecer de algún vicio en su motivación, explica detalladamente lo que se desprende de cada uno de los alegatos de las partes, pudiendo evidenciarse de la recurrida una reunión homogénea y congruente de razonamientos y criterios jurisprudenciales que se eslabonan entre sí, para converger en una conclusión, sobre la cual descansa la decisión, por lo que no comparte la defensa pública la afirmación de inverosímil del accionante relativo a que la sentencia adolece de contradicción e ilogicidad en la motivación de la misma.

Esgrimió quien contesta, que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en ningún momento vulneró derecho alguno a las partes, resolviendo oportuna y motivadamente, así se evidencia del contenido de la resolución No. 256-12 de fecha 27 de marzo de 2012, motivo por el cual es convicción de la defensa, que la decisión dictada por el a quo se encuentra ajustada a derecho con respecto a la nulidad del acto conclusivo.

En mérito de las consideraciones anteriores, solicitó la defensa que en aras de cumplir con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de la República, sea declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes.

III. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE y JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ:

La profesional del derecho ISBELY FERNÁNDEZ, Defensora Pública Décima Segunda adscrita a la unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, en su condición de defensora de los ciudadanos DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES PARRA DUGARTE y NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, procedió a dar contestación el recurso de apelación de autos, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Alegó la defensa pública, que resulta incomprensible entender los argumentos expuestos por la Representación Fiscal del Ministerio Público en su escrito recursivo, cuando el mismo infiere que la sentencia recurrida adolece de dos vicios contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, siendo ello improcedente toda vez que es discordante que exista contradicción e ilogicidad en una motivación sobre un mismo supuesto.

Arguyó quien contesta, que el juzgador de instancia en la recurrida se pronunció sobre los fundamentos de la defensa de diferentes imputados por diferentes delitos, siendo que al pronunciarse sobre el hecho que no se pudiese decretar el sobreseimiento de la causa a favor de sus defendidos, pero si, declaró con lugar la solicitud de nulidad absoluta de la acusación, puesto a que no fueron practicadas todas las diligencias de investigación solicitadas, no constituyendo con ello ni contradicción, ni ilogicidad en la motivación de la resolución impugnada, toda vez que las diligencias peticionadas por la defensa de la ciudadana Fátima María Meza de Solarte, son pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objetos de la presente causa, porque al demostrar mediante la experticia que los denunciantes efectivamente recibieron el dinero que se les adeudaba la misma, al igual que la realización de llamadas para su extorsión inclusive procedentes del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas “El Marite” y diferentes ciudadanos relacionados con Genaro Urdaneta y Carmela de la Cruz Ospino, se constatará que éstos son los que realmente simulan hechos punibles e incurren en lo denunciado por la ciudadana Fátima Meza, y en consecuencia desvirtúan las imputaciones recaídas a mis representados, demostrando que los mismos no son responsables de los delitos que se les imputan, debiendo practicarse las diligencias solicitadas por la defensa de ésta última imputada mencionada.

Argumentó la defensa técnica, que el sentenciador plasmó las exposiciones de los hechos de conformidad con lo manifestado por las partes intervinientes, para luego en la parte motiva de la decisión arribar a una conclusión, lo cual lejos de adolecer de algún vicio en su motivación, explica detalladamente lo que se desprende de cada uno de los alegatos de las partes, pudiendo evidenciar que la sentencia recurrida se sustenta en una reunión homogénea de razonamientos y criterios jurisprudenciales que eslabonan entre sí, desprendiéndose con ello que el juez de instancia en ningún momento vulneró derecho alguno a las partes, resolviendo oportuna y motivadamente, encontrándose la recurrida ajustada a derecho, con respecto a la nulidad del acto conclusivo.

Por los argumentos esbozados, solicitó la defensa técnica de los ciudadanos DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES PARRA DUGARTE y NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, y en consecuencia confirmen la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, toda vez que el juez de instancia cumplió a cabalidad con lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

IV. DECISION RECURRIDA:

La decisión objeto de impugnación se encuentra registrada bajo el No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual el juzgado de instancia entre otros pronunciamientos realizó el siguiente decretó la nulidad absoluta del escrito acusatorio presentando en contra los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, ordenando retrotraer la causa a la fase de investigación previa a la acusación, acordando mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los acusados antes mencionados.

V. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

De la revisión minuciosa de las actas que conforman la presente incidencia, verifica esta Sala que efectivamente los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, como aspecto medular del recurso de apelación el recurrente ataca la decisión impugnada en virtud que la misma le causa un gravamen irreparable a la vindicta pública, argumentando que el tener que practicar unas nuevas diligencias de investigación resultaría redundante para el proceso, así como aludieron que existe una contradicción e ilogicidad en la motivación de la decisión recurrida.

En cuando al punto de impugnación, referido a que la decisión recurrida les causa un gravamen irreparable a los representantes del Ministerio Público, toda vez que a juicio de los mismos la practica de diligencias de investigación resultaría no redundante. A tal efecto los integrantes de esta Sala de Alzada, en primer lugar consideran necesario precisar que las diligencias de investigación y experticias efectuadas en la fase preparatoria, son aquellos elementos de convicción que le permitirán al titular de la acción penal investigar los hechos que dieron origen a la persecución penal, arrojando un eventual acto conclusivo como lo es: la acusación, el archivo fiscal o el sobreseimiento