REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Sala 3
Maracaibo, 15 de mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-P-2011-026063
ASUNTO : VP02-R-2012-000277

DECISIÓN No. 136-12.-

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: DRA. JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

Visto el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual el juzgado de instancia entre otros pronunciamientos decreto la nulidad absoluta del escrito acusatorio presentando en contra los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, ordenando retrotraer la causa a la fase de investigación previa a la acusación, acordando mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los acusados antes mencionados.

Recibida la causa, se le dio entrada en fecha 24 de abril de 2012, y se designó como ponente a la Jueza Profesional Dra. JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Posteriormente en fecha 30 de abril de 2012, se admitió el referido recurso de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal; llegada la oportunidad para decidir, este Tribunal Colegiado lo hace sobre la base en los fundamentos que a continuación se exponen:

I. DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO:

Los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, interponen su recurso de apelación de conformidad con el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, sobre la base de los respectivos argumentos:

Alegaron los recurrente, que el escrito acusatorio presentado por la representación Fiscal, versa sobre unos hechos denunciados, evidenciando la comisión de unos delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y en el Código Penal, cometidos por los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, sobre los referidos imputados se plasmaron en el escrito acusatorio, una serie suficientes, concordantes y certeros elementos de convicción, los cuales los hacen los presuntos responsables en los delitos que se les atribuye, conteniendo el precepto jurídico aplicable y las pruebas obtenidas de forma lícita durante el transcurso de la investigación, cumpliendo con todos los requisitos contenidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal.

Argumentaron los apelantes, que resulta contradictoria e ilógica la decisión emitida por el juez de instancia, ya que por una parte declara sin lugar la pretensión de la defensa de los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE y JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, y por otra parte declara con lugar la petición de la defensa de la imputada FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, anulando con ello todo el escrito acusatorio, no observando que al existir varios imputados en dicha acusación con tipos penales distintos, la nulidad absoluta que se cuestiona conlleva a generar un gravamen irreparable a la vindicta pública, al tener que practicar nuevas diligencias de investigación que resultarían redundantes, generando una nueva dedicación para realizar el acto conclusivo, tomando en consideración que con respecto a los funcionarios imputados existen suficientes elementos de convicción presentados para concluir con la acusación, inclusive el a quo en la motivación de la decisión impugnada, no aludió vicios en cuanto a la acusación planteada para los cuatro funcionarios imputados.

Esgrimieron los representantes del Ministerio Público, que todos los imputados incriminados en el escrito acusatorio, se les fueron respetados todos sus derechos y garantías que le asisten, en observancia del debido proceso; destacando que a la imputada Fátima María Mesa, al momento del acto de imputación se acogió al precepto constitucional, sin requerir actuaciones de exculpación, sólo fue pasado diecinueve (19) días, cuando su defensor presentó un escrito solicitando diligencias de investigación, precisamente dos (02) días antes que la vindicta pública presentaron el correspondiente acto conclusivo, lo que se evidencia que la intención es retardar el proceso. Por consiguiente, a criterio de la fiscalía no existió violación alguna de los derechos y garantías de la aludida imputada.

En mérito de las consideraciones que expusieron, los representantes de la Vindicta Pública, solicitaron en el escrito de apelación de autos que se declare con lugar el recurso de apelación contra la decisión emitida en fecha 28 de marzo de 2012, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, y en consecuencia se anule la resolución impugnada, y sea admitida la acusación fiscal presentada en los términos planteados.

II. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE:

La abogada MILAGRO MORALES GONZÁLEZ, Defensora Pública Décima Séptima adscrita a la unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, actuando en su carácter de defensora de la imputada FÁTIMA MARÍA MESA DE SOLARTE, procedió a dar contestación el recurso de apelación de autos, en los siguientes términos:

Argumentó la defensa pública, que resulta incomprensible entender los alegatos expuestos por la representación Fiscal en su escrito recursivo, por cuanto el mismo infiere que la sentencia recurrida adolece de dos vicios como lo son la contradicción e ilogicidad en la motivación, siendo ello improcedente y discordante puesto que una es excluyente del otro supuesto.

Manifestó quien contesta, que no existe contradicción e ilogicidad en la motivación de la decisión emitida por el juzgado de instancia, en virtud de encontrarse ante delitos diferentes para cada uno de los ciudadanos acusados, a saber los delitos de concusión y simulación de hecho punible, siendo necesarias diligencias de investigación solicitadas por la defensa para el esclarecimiento de los hechos objetos de la presente causa.

Destacó la defensa técnica, que del estudio minucioso del contenido integro del fallo impugnado, se evidencia que del mismo pueden extraerse las razones que tuvo el juzgador para declarar la nulidad absoluta del acto conclusivo, presentado por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, toda vez que no se practicaron las diligencias de investigación propuestas por su defendida para demostrar su inocencia en los hechos por los cuales estaba siendo procesada, con la finalidad de demostrar que era víctima de una extorsión por parte de las personas que interpusieron denuncia en su contra, violentándose lo dispuesto en los artículos 125 y 305 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Señaló, que mal puede el Ministerio Público esgrimir que la decisión recurrida le causa un gravamen irreparable, al tener que practicar unas diligencias de investigación, puesto que la vindicta pública como parte de buena fe, debe realizar las diligencias de investigación tendientes a determinar y esclarecer los hechos acaecidos, al cercenarle a su defendida el derecho a la defensa al no practicar las experticias requeridas para demostrar que los denunciantes recibieron el dinero que se les adeudaba, comprobando con ello que la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA, en ningún momento ha simulado hecho punible alguno, tal como consta en la investigación fiscal llevada por ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público, por lo cual, del estudio minucioso del contenido integro de la decisión impugnada, se evidencia que se puede extraer las razones que consideró el juzgador para declarar la nulidad del acto conclusivo, toda vez que el sentenciador plasmó las exposiciones de los hechos de conformidad con lo manifestado por las partes, para luego en la parte motiva de la decisión llegar a una conclusión, la cual lejos de adolecer de algún vicio en su motivación, explica detalladamente lo que se desprende de cada uno de los alegatos de las partes, pudiendo evidenciarse de la recurrida una reunión homogénea y congruente de razonamientos y criterios jurisprudenciales que se eslabonan entre sí, para converger en una conclusión, sobre la cual descansa la decisión, por lo que no comparte la defensa pública la afirmación de inverosímil del accionante relativo a que la sentencia adolece de contradicción e ilogicidad en la motivación de la misma.

Esgrimió quien contesta, que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en ningún momento vulneró derecho alguno a las partes, resolviendo oportuna y motivadamente, así se evidencia del contenido de la resolución No. 256-12 de fecha 27 de marzo de 2012, motivo por el cual es convicción de la defensa, que la decisión dictada por el a quo se encuentra ajustada a derecho con respecto a la nulidad del acto conclusivo.

En mérito de las consideraciones anteriores, solicitó la defensa que en aras de cumplir con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de la República, sea declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes.

III. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE y JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ:

La profesional del derecho ISBELY FERNÁNDEZ, Defensora Pública Décima Segunda adscrita a la unidad de Defensa Pública del Estado Zulia, en su condición de defensora de los ciudadanos DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES PARRA DUGARTE y NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, procedió a dar contestación el recurso de apelación de autos, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Alegó la defensa pública, que resulta incomprensible entender los argumentos expuestos por la Representación Fiscal del Ministerio Público en su escrito recursivo, cuando el mismo infiere que la sentencia recurrida adolece de dos vicios contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, siendo ello improcedente toda vez que es discordante que exista contradicción e ilogicidad en una motivación sobre un mismo supuesto.

Arguyó quien contesta, que el juzgador de instancia en la recurrida se pronunció sobre los fundamentos de la defensa de diferentes imputados por diferentes delitos, siendo que al pronunciarse sobre el hecho que no se pudiese decretar el sobreseimiento de la causa a favor de sus defendidos, pero si, declaró con lugar la solicitud de nulidad absoluta de la acusación, puesto a que no fueron practicadas todas las diligencias de investigación solicitadas, no constituyendo con ello ni contradicción, ni ilogicidad en la motivación de la resolución impugnada, toda vez que las diligencias peticionadas por la defensa de la ciudadana Fátima María Meza de Solarte, son pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objetos de la presente causa, porque al demostrar mediante la experticia que los denunciantes efectivamente recibieron el dinero que se les adeudaba la misma, al igual que la realización de llamadas para su extorsión inclusive procedentes del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas “El Marite” y diferentes ciudadanos relacionados con Genaro Urdaneta y Carmela de la Cruz Ospino, se constatará que éstos son los que realmente simulan hechos punibles e incurren en lo denunciado por la ciudadana Fátima Meza, y en consecuencia desvirtúan las imputaciones recaídas a mis representados, demostrando que los mismos no son responsables de los delitos que se les imputan, debiendo practicarse las diligencias solicitadas por la defensa de ésta última imputada mencionada.

Argumentó la defensa técnica, que el sentenciador plasmó las exposiciones de los hechos de conformidad con lo manifestado por las partes intervinientes, para luego en la parte motiva de la decisión arribar a una conclusión, lo cual lejos de adolecer de algún vicio en su motivación, explica detalladamente lo que se desprende de cada uno de los alegatos de las partes, pudiendo evidenciar que la sentencia recurrida se sustenta en una reunión homogénea de razonamientos y criterios jurisprudenciales que eslabonan entre sí, desprendiéndose con ello que el juez de instancia en ningún momento vulneró derecho alguno a las partes, resolviendo oportuna y motivadamente, encontrándose la recurrida ajustada a derecho, con respecto a la nulidad del acto conclusivo.

Por los argumentos esbozados, solicitó la defensa técnica de los ciudadanos DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES PARRA DUGARTE y NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, y en consecuencia confirmen la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, toda vez que el juez de instancia cumplió a cabalidad con lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

IV. DECISION RECURRIDA:

La decisión objeto de impugnación se encuentra registrada bajo el No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual el juzgado de instancia entre otros pronunciamientos realizó el siguiente decretó la nulidad absoluta del escrito acusatorio presentando en contra los imputados DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ y FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, ordenando retrotraer la causa a la fase de investigación previa a la acusación, acordando mantener la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los acusados antes mencionados.

V. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

De la revisión minuciosa de las actas que conforman la presente incidencia, verifica esta Sala que efectivamente los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, contra la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, como aspecto medular del recurso de apelación el recurrente ataca la decisión impugnada en virtud que la misma le causa un gravamen irreparable a la vindicta pública, argumentando que el tener que practicar unas nuevas diligencias de investigación resultaría redundante para el proceso, así como aludieron que existe una contradicción e ilogicidad en la motivación de la decisión recurrida.

En cuando al punto de impugnación, referido a que la decisión recurrida les causa un gravamen irreparable a los representantes del Ministerio Público, toda vez que a juicio de los mismos la practica de diligencias de investigación resultaría no redundante. A tal efecto los integrantes de esta Sala de Alzada, en primer lugar consideran necesario precisar que las diligencias de investigación y experticias efectuadas en la fase preparatoria, son aquellos elementos de convicción que le permitirán al titular de la acción penal investigar los hechos que dieron origen a la persecución penal, arrojando un eventual acto conclusivo como lo es: la acusación, el archivo fiscal o el sobreseimiento.

Partiendo de lo anterior, resulta oportuno resaltar que para el sistema acusatorio las experticias constituyen un medio probatorio mediante el cual se intenta obtener para el proceso penal un dictamen fundado, bien por el auxilio de las ciencias naturales o de las ciencias humanas, con el objeto del esclarecimiento de los hechos punibles en la búsqueda de la verdad, siendo una garantía al debido proceso y al derecho a la defensa, que las partes intervinientes del proceso puedan acceder a ellas y solicitar la práctica de pruebas ante el Ministerio Público, tal como lo establece el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, en cónsona armonía con lo dispuesto en el artículo 305 eiusdem, los cuales estipulan lo siguiente:

“Artículo 237.- El Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requieran conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio.
El o la Fiscal del Ministerio Público, podrá señalarle a los o las peritos asignados, los aspectos más relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del cual presentarán su dictamen.

Artículo 305.- El imputado o imputada, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar a el o la Fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.” (Subrayado nuestro).

De la transcripción de las normas in comento, se infiere que el legislador patrio ha establecido la posibilidad a las partes intervinientes en el proceso de proponer la práctica de algún tipo de diligencias de investigación, a los fines de esclarecer los hechos acaecidos para la inculpación o exculpación del ciudadano imputado, dejando a potestad del titular de la acción penal efectuarlas cuando las consideren pertinentes, necesarias y útiles para la investigación, en caso contrario deberá dejar constancia de ello.

En el marco de las consideraciones antes explanadas, la legislación penal positiva se rige por el sistema acusatorio, siendo éste un régimen garantistas, encontrándose estrechamente ligados el derecho a la prueba y el derecho a la defensa, pues el primero es un sustento esencial del segundo, por cuanto el imputado haciendo pleno uso de sus facultades mediante el ejercicio del derecho a la defensa puede intervenir en el proceso penal que se instaura en su contra, así como solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación que refuten los elementos de convicción los cuales obran en su contra.

Atendiendo a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el fallo No. 418 de fecha 28 de abril de 2008, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales, dejó asentado que:

“…En este orden de ideas, cabe destacar que conforme al artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal las partes pueden solicitar a los Fiscales del Ministerio Público la práctica de diligencias para el esclarecimiento de algunos hechos. Al efecto, dicha norma establece:
“Artículo 305. Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan”.
Al respecto, sobre el contenido e interpretación del artículo 305 ut supra mencionado la Sala mediante sentencia del 19 de diciembre de 2003, caso: “Omer Leonardo Simoza”, señaló lo siguiente:
“Dentro de las garantías procesales consagradas por la ley procesal penal, se encuentra la del derecho a la defensa e igualdad entre las partes -artículo12-. En ejercicio del derecho a la defensa, el imputado puede pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen y, el Ministerio Público conforme lo preceptuado en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, las llevará a cabo si las considera oportunas y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente corresponda, ya que la denegación de la práctica de la diligencia solicitada constituirá una violación del derecho a la defensa si la decisión no es razonable o no está suficientemente motivada.
El imputado no tiene derecho a la práctica de la diligencia. Tiene derecho a proponer y a que sobre la diligencia propuesta se pronuncie el director de la investigación, bien admitiéndola o rechazándola de manera motivada. Tiene derecho a recibir una respuesta como se apuntó razonable y motivada. Una vez admitida la misma, tiene entonces derecho a que se practique” (Negrillas de la Sala).
De forma tal, que la proposición de diligencias que efectúen las partes en el proceso penal conforme al articulo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, no implica per se que las mismas se llevarán acabo por parte del Ministerio Público, pero sí que éste estará obligado a recibirlas y analizarlas a fin de ponderar su pertinencia, para luego efectuarlas o negarlas, caso en el cual deberá expresar motivadamente las razones por las cuales estima que no es pertinente llevarlas acabo…”. (Negrillas de la Alzada).

Por su parte, recientemente la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal, en el fallo No. 339 de fecha 05 de agosto de 2010, ratifico el criterio esbozado por la misma Sala, en la sentencia No. 704 de fecha 16 de diciembre de 2008, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, referido actuación por parte del ciudadano investigado a solicitarle y exigirle al titular de la acción penal la realización y práctica de las diligencias solicitadas, cuando estas resulten pertinentes a los fines de dilucidar los hechos acaecidos, dejando establecido taxativamente que:

“…Al respecto ha dicho la Sala, “…que el imputado puede exigir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación las cuales sirven bien sea, para desvirtuar las imputaciones que se le formulen, así como, para el esclarecimiento de los hechos por los cuales es investigado…”. (Sentencia No 704 de fecha 16-12-2008)…”.

Precisan, quienes aquí deciden que la solicitud de diligencias para la promoción probatoria, por cualquiera de las partes intervinientes del proceso, bien sea imputado, víctima o querellante, son pedimentos inherentes al pleno ejercicio del derecho a la defensa, otorgándoles la posibilidad de intervenir en el proceso penal instaurado, por lo que cualquier omisión que afecten las solicitudes, planteamientos o condiciones en la proposición de diligencias de investigación constituyen vicios de nulidad por vulneración a la garantía procesal del debido proceso.

De la revisión exhaustiva de todas las actas que conforman la investigación fiscal signada bajo el No. 24-F25-0084-11, remitidas ad effectum videndi, por parte de la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, los integrantes de esta Alzada observan:

En fecha 09 de noviembre de 2011, fue realizado acto de imputación a la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, por ante la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, en dicho acto la antes mencionada imputada decidió acogerse al precepto constitucional que la exime de declarar, por su parte, su anterior defensor privado en el mismo acto se reservo el derecho de solicitar la práctica de otras diligencias para el esclarecimiento de los hecho, constando ello en la pieza II los folios cuatrocientos sesenta y cuatro (464) al cuatrocientos setenta (470) de la investigación fiscal.

En fecha 28 de noviembre de 2011, el profesional del derecho Tito Chourio, actuando en ese momento su carácter de defensor privado de la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, solicitó ante la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, la práctica de una serie de diligencias de investigación con el objeto de esclarecer los hechos acaecidos, tal y como riela a los folios cuatrocientos setenta y uno (471) al cuatrocientos setenta y dos (472) de la investigación.

En fecha 30 de noviembre de 2011, los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ GONZÁLEZ, DALIA MANZANILLA y ALFONSINA FUENMAYOR GONZÁLEZ, actuando con en el carácter de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Vigésimos Quintos del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, interpusieron por ante la unidad de recepción y distribución de documentos “Departamento de Alguacilazgo” acusación formal en contra los ciudadanos DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, por como presuntos autores en la comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGIMITA DE LIBERTAD y VIOLACIÓN DE DOMICILIO y para la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, por la presunta comisión del delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, en perjuicio de los ciudadanos de CARMELA DE LA CRUZ OSPINO y GENARO DEL CARMEN URDANTE.

Posteriormente en fecha 05 de diciembre de 2011, la representación fiscal realizó un auto, mediante el cual le otorgan contestación a la solicitud interpuesta en fecha 28 de noviembre de 2011, por el abogado en ejercicio Tito Chourio, actuando en ese momento su carácter de defensor privado de la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE.

Ahora bien, los integrantes de este Órgano Colegiado consideran necesario y pertinente traer a colación lo establecido por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, realizando el a quo las siguientes consideraciones:

“…Al respecto, revisadas como han sido las actuaciones de investigación que ad effectum videndi ha presentado la representación fiscal en este acto, es menester para este Juzgador destacar que al folio (no se encuentra foliado) de la pieza número 2 del expediente de investigación de la Fiscalía 25 del Ministerio Público, riela inserto, escrito contentivo de cuatro páginas incoado en fecha 28-11-2011 ante la Fiscalía Vigésima Quinta, (sic) por el Abogado TITO CHOURIO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 110.635, mediante la cual solicita entre otras cosas la práctica de las siguientes diligencias de investigación: 1) Fije el Ministerio Público fecha y hora para la comparecencia de los ciudadanos CARLOS MEZA, JOSÉ SOTO, MARLENY HERNANDEZ (sic), ANMARYS MEZA, DIAMNA ALVARADO, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.440.371, 20.206.182, V-7.800.431, V-14.896.971 y 9.974.799. 2) Fije fecha y hora para que la imputada FÁTIMA MARIA (sic) MEZA DE SOLARTE, aportara muestras manuscritas, a objeto de que las mismas sean sometidas a estudios o experticias grafotécnicas. 3) Comisione al Cuerpo de Investigación que designe, a objeto de que determine si los ciudadanos DELMARY ARAMBULO MARQUEZ (sic), CARMELA DE LA CRUZ OSPINO, GENARO URDANETA FUENMAYOR, RIGOBERTO LUIS MONTIEL y DENNYS VALMORE VILLALOBOS, visitaron el retel el Marite o la Cárcel Nacional de Maracaibo, en el año 2001, siendo que fuera del orden cronológico necesario (previo a la solicitud), riela inserto un auto de fecha 05-12-2011; cabe destacar, fecha posterior a la recepción de la petición de la defensa, mediante el cual el órgano fiscal con respecto a las diligencias de investigación requeridas, resolvió: 1) sin lugar la practica de las entrevistas, toda vez que la defensa no suministró las direcciones de domicilio; 2) acordó citar a la ciudadana FATIMA MARIA MEZA DE SOLARTE a objeto de tomarle pruebas manuscritas, sin fijar fecha y 3) en relación a la constatación de los libros de visitas del Retén el Marite y la Cárcel Nacional de Maracaibo, negó la solicitud de la defensa por cuanto no se indicó la pertinencia y necesidad. (…) Ahora bien, se evidencia que en el presente caso, la defensa de autos, estando plenamente facultada por razones de competencia, temporalidad y oportunidad solicitó la práctica de diligencias de investigación, sobre las cuales, no solo se pronunció la representación fiscal extemporáneamente, sino además, luego de haber presentado el acto conclusivo de acusación, aún cuando los promoventes hicieron su requerimiento con dos con dos días de anticipación al acto conclusivo, donde además los imputados se encontraban bajo el influjo de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, lo cual afectó claramente su derecho a proponer diligencias de investigación y que estas se practiquen, siempre y cuando las mismas sean pertinentes y legales tal como lo establecen los artículos 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que además la contestación al haberse producido fuera del lapso de vigencia de la fase de investigación, cercenó doblemente tal derecho al hacer nugatoria la práctica de una diligencia de investigación acordada en estos términos. De tal forma que se ha colocado en una situación de minusvalía a la defensa, que orienta a este juzgador, a declarar parcialmente con lugar la solicitud de nulidad presentada por la defensa de autos (…) Observándose que bajo la óptica en la cual el Ministerio Público tiene bajo su potestad, a tenor de lo descrito en los artículos 280, 281 y 108 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 24 ejusdem, la potestad investigativas y el control de la investigación, tales violaciones son atribuibles a éste, siendo que la tutela judicial efectiva sólo puede ser vulnerada por los órganos de administración de justicia, de allí la admisión parcial de la nulidad invocada. (…) Siendo que en virtud de la dispositiva anteriormente señalada es viable el decreto de nulidad absoluta del escrito acusatorio presentado en contra de los ciudadanos PARRA VELA DOMINGO ALBERTO, ROMERO DUGARTE NEOHOMAR ENRIQUE, RONDON (sic) DUGARTE EUCLIDES, OCANDO HERNÁNDEZ JAVIER JOSE (sic), FATIMA (sic) MARIA (sic) MESA (sic) SOLARTE, así como los actos subsiguientes a éste, ello por violación expresa al contenido del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los artículos 125 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando retrotraer la causa a la fase de investigación previa a la acusación. Y así se declara…”

De la transcripción parcial de la decisión impugnada, se observa que el juez a quo decretó la nulidad de la acusación presentada por el Representante del Ministerio Público, en virtud de haber sido violado expresamente el contenido del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 125 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es menester resaltar, que el imputado o imputada tiene derecho a la práctica de la diligencia solicitada, éste podrá proponerla y resulta oportuno señalar que el titular de la acción penal, debe pronunciarse motivadamente sobre la admisión o rechazo de las diligencias de investigación peticionada tendientes a desvirtuar las imputaciones formuladas, siendo ello una garantía del pleno ejercicio del derecho a la defensa y de acceso administración de justicia.

Evidenciando, los miembros de este Cuerpo Colegiado, que en el caso sub judice el Ministerio Público cinco días después a la interposición de la acusación fiscal, fue que otorgó respuesta de forma extemporánea la solicitud de practicas de las diligencias de investigación peticionadas por la defensa técnica de la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, transgrediendo con su actuación desplegada lo preceptuado por el legislador en el contenido normativo del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. De allí que a juicio de quienes aquí suscriben consideran ajustado a derecho la decisión esbozada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, razón por la cual se debe declarar sin lugar el presente punto de impugnación.- Así se decide.-

Asimismo, resulta importante aclararle a la Vindicta Pública, que si bien en la investigación fiscal No. 24-F25-0084-11, se encuentran investigando a varios imputados con tipos penales totalmente distintos, sin embargo al momento de realizar el acto conclusivo fue plasmado en un solo escrito, mediante el cual se acusó formalmente a los DOMINGO ALBERTO PARRA VERA, JAVIER JOSÉ OCANDO HERNÁNDEZ, EUCLIDES RONDÓN DUGARTE, NEOHOMAR ENRIQUE ROMERO DUGARTE, por como presuntos autores en la comisión de los delitos de CONCUSIÓN, PRIVACIÓN ILEGIMITA DE LIBERTAD y VIOLACIÓN DE DOMICILIO y para la ciudadana FÁTIMA MARÍA MEZA DE SOLARTE, por la presunta comisión del delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, en perjuicio de los ciudadanos de CARMELA DE LA CRUZ OSPINO y GENARO DEL CARMEN URDANTE, vulnerándose el derecho a la defensa debido a la contravención del artículo 305 de la norma penal adjetiva, en razón de ello era procedente anular completamente en acto conclusivo de fecha 30 de noviembre de 2011, por lo que mal puede el Ministerio Público alegar en su escrito de apelación que la decisión objeto de impugnación le causa un gravamen irreparable, puesto que él como parte de buena fe, debe buscar la finalidad del proceso penal, la cual no es otra que esclarecer los hechos para encontrar la verdad.

Evidenciando, quienes aquí suscriben que la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, se encuentra ajustada a derecho, siendo cónsona la motivación, coherente y lógica, con los argumentos expuestos por las partes intervinientes, no adoleciendo de ningún vicio, motivo por el cual se debe declarar sin lugar el presente punto de impugnación. Así se decide.-

En mérito de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Colegiado estima procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto por los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, en consecuencia SE CONFIRMA la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

IV
DISPOSITIVA.

Por los fundamentos expuestos, esta Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de autos interpuesto por los profesionales del derecho MANUEL NUÑEZ y DALIA MANZANILLA, en su carácter de Fiscal Principal y Fiscal Auxiliar respectivamente, adscritos a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión No. 256-12 de fecha 28 de marzo de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. El presente fallo se dicto de conformidad con el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines legales consiguientes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala No. 3 del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo, a los quince (15) día del mes de mayo de 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE

Dr. ROBERTO QUINTERO VALENCIA

LAS JUEZAS PROFESIONALES


Dra. NOLA GÓMEZ RAMÍREZ Dra. JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
PONENTE

EL SECRETARIO,

Abg. RUBÉN MÁRQUEZ

En la misma fecha se publicó la anterior decisión y se registró bajo el No. 136-12, del libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, se compulsó por Secretaría copia certificada en archivo y se remite en su oportunidad correspondiente.-

EL SECRETARIO,

Abg. RUBÉN MÁRQUEZ

JFG/astre





El Suscrito Secretario de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Abg. RUBÉN MÁRQUEZ, HACE CONSTAR: Que las anteriores copias son traslado fieles y exactas de su original, que cursan en el asunto N° VP02-R-2012-000111. ASI LO CERTIFICO, de conformidad a lo establecido en los artículos 111 y 112 ambos del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil doce (2012).

EL SECRETARIO,

Abg. RUBÉN MÁRQUEZ