Exp. 36965
Motivo: Resolución de Contrato de Arrendamiento.
Sent. No. 044



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS.
RESUELVE:


Visto el escrito suscrito por el ciudadano NICOLAS SEGUNDO ALVAREZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.018.849, domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, asistido por el abogado en ejercicio NESTOR ENRIQUE PRIETO CHIRINOS, inpreabogado No. 135.256, parte demandante en el presente juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoado en contra de la ciudadana ELITA DEL CARMEN BOSCAN DE MORALES, venezolana, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº V-2.884.915, de igual domicilio, mediante el cual solicita se decrete MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO sobre el inmueble ubicado en el Sector “Las Cinco Bocas”, Parroquia Jorge Hernández, diagonal a la Escuela “Jesús Enrique Losada”, signada la edificación con el número 517 de la ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual se encuentra arrendado a la parte demandada ya mencionada.

Resulta importante destacar que la parte actora fundamenta la solicitud la medida cautelar de conformidad con el artículo 599 ordinal 7° del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, este Tribunal previo a resolver dicho pedimento, observa el contenido de la norma citada la cual establece lo siguiente:
“Se decretara el Secuestro:…

7º. De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la casa o por haber dejado de hacer mejoras a que este obligado según el contrato…”

Ahora bien, para el decreto de una Medida Preventiva, debemos tomar en cuenta el contenido del artículo 585 ejusdem que dispone:

“Artículo 585: Las Medidas Preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.-

En este mismo orden pauta el artículo 588 ejusdem lo siguiente:

“En conformidad con el articulo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

2° El secuestro de bienes determinados;…”

De la primera norma ut supra transcrita colige este Tribunal que son dos los requisitos exigidos para que sea procedente decretar las medidas preventivas, tales como: 1) PERICULUM IN MORA o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; y 2) EL FUMUS BONIS IURIS o la presunción grave del riesgo indicado y del derecho que se reclama.

Asimismo, señala el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que las medidas preventivas de Secuestro de bienes determinados, propiedad del demandante, se decretarán siempre y cuando se encuentren llenos los requisitos exigidos en el artículo 585 ejusdem, relativos al “periculum in mora” y el “fumus boni iuris”.

Ahora bien, para decretar la medida de secuestro sobre la cosa arrendada, bien sea, que la pretensión de la causa este fundamentada en el Desalojo del inmueble, Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento o su Resolución, la ley enumera supuestos taxativos donde el legislador considera insertos los requisitos normativos necesarios para la procedencia de las medidas cautelares, contemplados en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil; en el caso de marras fue alegado el Ordinal Séptimo de la referida norma; de esta manera, los hechos sobre los cuales debe existir presunción grave son aquellos que constituyen el supuesto especial de la medida de secuestro, y si la situación de hecho es subsumible en ese ordinal, debe darse por existente el periculum in mora y fumus boni iuris.

En otras palabras, los supuestos generales de procedencia de las medidas preventivas están comprendidas en la misma tipicidad de la causal; los cuales debe ser alguno o los supuestos de hecho tipificados en el ordinal supra señalado, que consagra tres supuestos de procedencia, a saber: 1) que el demandado haya dejado de pagar las pensiones de arrendamiento; 2) por el deterioro de la cosa arrendada; y 3) por haber dejado de hacer el arrendatario las mejoras a que esté obligado por el contrato.

En el caso que nos ocupa, la parte actora basa su solicitud de medida, en el segundo supuesto del ordinal 7º de la norma invocada, referido al deterioro de la cosa arrendada. Ahora bien, se observa de actas que este Juzgado dictó auto en fecha trece (13) de diciembre de 2012, mediante el cual se insta a la parte solicitante de la medida preventiva a que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que amplíe la prueba, a fin demostrar los requisitos exigidos para la procedencia de la medida solicitada, específicamente el periculum in mora.

No obstante, la parte actora presentó escrito en fecha diecinueve (19) de diciembre de 2012, mediante el cual trata de demostrar la presunción del derecho que se reclama, con un cuadro comparativo de lo estipulado en el contrato de arrendamiento objeto del presente litigio y la Inspección judicial realizada por el Juzgado Segundo de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en el inmueble arrendado, acompañada con el libelo de la demanda, la cual demuestra efectivamente que el inmueble ha sufrido un deterioro en comparación con las condiciones que tenía al momento de suscribirse el contrato de arrendamiento cuya resolución se persigue en el presente juicio.

De tal forma, siguiendo las indicaciones del artículo 585 antes transcrito, no existe en actas un medio de prueba idóneo que demuestre fehacientemente que efectivamente ese deterioro que ha sufrido el inmueble constituya un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum in mora), y si bien es cierto, la tardanza que presupone un proceso judicial trae intrínseco un peligro de mora; en el caso bajo análisis se verifica de actas que las partes llevan más de dos años en procesos judiciales por la misma causa que origino la presente acción de Resolución de contrato, ya que la acción fue intentada anteriormente ante un Juzgado de Municipio, siendo declarada Parcialmente Con Lugar y luego revocada por el Juzgado Superior, al considerar que era Inadmisible por incurrir la parte actora en la inepta acumulación a la que se contrae el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo tanto, tomando en cuenta los antecedentes de la controversia planteada, es de gran relevancia indicar que de actas no se evidencia una presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo; puesto que no ha sido demostrado fehacientemente, ni alegado de forma alguna por la parte actora, el temor especifico de un perjuicio o daño grave inminente o inmediato que de mala fe o por otras condiciones propias de la litis tramitada, pueda causarse sobre el inmueble arrendado objeto de este litigio, lo cual constituye lo que la Doctrina ha denominado el Periculum in Mora.

Aunado a lo antes expuesto, es importante establecer que con respecto a la procedencia de decretar medidas preventivas de Secuestro, en aquellas pretensiones de desalojo, cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, la doctrina y la jurisprudencia han dejado establecido que la medida cautelar que ha de decretarse tiene que ser suficientemente preventiva, para que cumpla su finalidad, y debe guardar distancia en alusión a la pretensión de fondo, para que no constituya una ejecución anticipada de la sentencia, ya que la pretensión exigida en el presente juicio debe ser debatida en un proceso contradictorio que todavía no se ha llevado a cabo. Así se establece.

En conclusión, el Tribunal observa que en el caso de autos, no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien, podría considerase de la lectura de las pruebas anexas al libelo de demanda, la eventual existencia de una presunción de derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, en tal sentido al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada, relativa a la medida de secuestro. Así se decide.

En este orden de ideas y razonamientos de hecho y de derecho, esta Juzgadora considera improcedente el decreto de Medida de Secuestro solicitado, por lo que se NIEGA la misma. Así se decide.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA LA MEDIDA DE SECUESTRO solicitada, por el ciudadano NICOLAS SEGUNDO ALVAREZ SANCHEZ parte demandante en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue en contra de la ciudadana ELITA DEL CARMEN BOSCAN DE MORALES, antes identificados.

No hay condenatoria en costas en virtud de lo aquí decidido.


Publíquese y regístrese la presente resolución. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en el Sala de despacho de este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los cuatro ( 04 ) días del mes de Febrero de 2013.- Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-

LA JUEZ,

MARIA CRISTINA MORALES


LA SECRETARIA,

MARIA DE LOS ANGELS RIOS.

En la misma fecha anterior siendo la(s) 02:30 p.m., previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la sentencia que antecede, quedando inserta bajo el No. 044, en el legajo respectivo.-


La secretaria,