Expediente N° 2.907-13

Demandante: GRECIA URBINA FINOL venezolana,
Mayor de edad, C.I. N° 17.413.147,
Domiciliada en el Municipio Maracaibo, estado Zulia.
Demandado: NIRVY FERRER GONZALEZ, venezolano,
C. I. N° 13.839.084, domiciliado en el Municipio
Maracaibo.

Motivo: DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA POR EL TERRITORIO

En fecha 2 de julio del año en curso, se escuchó la opinión de los niños (se omiten los nombres de conformidad con el artículo 65 de la ley orgánica de protección de niños niñas y adolescentes) de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente (L.O.P.N.N.A).

Ahora bien, del contenido de las opiniones realizadas por los niños antes mencionados se desprende que los mismos para el momento que ejercieron su derecho de ser escuchados convivían con su progenitora y que los mismos se encuentra domiciliados en el sector Casiano Lossada 3 en jurisdicción del Municipio Maracaibo del estado Zulia, por lo que ésta juzgadora considera oportuno realizar algunas consideraciones previas acerca de la competencia por el territorio para continuar conociendo de la presente solicitud, todo ello en garantía del derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, previsto en los Artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Analizando la exposición realizada por los niños (se omiten los nombres de conformidad con el artículo 65 de la ley orgánica de protección de niños niñas y adolescentes), en la entrevista sostenida con esta juzgadora, al respecto el tribunal observa: que la convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 12.1: “ los estados partes en la presente Convención garantizaran al niño que este en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, tendiéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.” La Ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, la acoge en su artículo 80 bajo la denominación “Derecho a opinar y ser oído”, expresando: “todos los niños y adolescentes tienen derecho a: a) expresar libremente su opinión en los asuntos en que tenga interés; b) que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo.”
Ahora bien, esta juzgadora a la hora de establecer el alcance del derecho en análisis, cuatro son los aspectos fundamentales a saber: 1,- la madurez psicológica del niño y adolescente, que no siempre es directamente proporcional con la edad; 2.- la materia sobre la cual versa o debe versar la decisión del niño y adolescente; 3.- la opinión del niño, niña o adolescente, abarcando sus ideas inquietudes, y por supuesto sus decisiones, las cuales deberán ser tomadas en cuenta a la hora de tomar la decisión: 4.- el contorno histórico y social en el cual el niño o adolescente se desenvuelve y que incide sobre la percepción que el pueda tener de sus propios derechos.
Por otra parte, la aplicación efectiva del derecho que tiene todo niño (a) o adolescente a expresar su opinión, juega un papel preponderante dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues a través de él se le proporciona el espacio necesario para expresar su querer, su pensamiento, inquietud o decisión, pero conlleva además a ser tomado seriamente su punto de vista, pues opinar y ser oídos, son dos aspectos que no pueden desligarse.
En el caso de autos, analizadas como han sido las opiniones del niño y niña antes mencionados, esta juzgadora tomará en cuenta las mismas por considerar que los niños anteriormente identificados, tienen capacidad progresiva y un desarrollo intelectual para formarse una idea la situación aquí planteada. Así se decide.

En otro orden de idea el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil establece: “la competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público ni en cualquier otro en que la ley lo determine.” (subrayado del tribunal)

Con referencia a lo anterior el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil dispone: “la incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso…” (subrayado del tribunal)

Por su parte, la L.O.P.N.N.A establece en el artículo 453 que la distribución del ejercicio de la función jurisdiccional entre los tribunales con competencia en esta materia, se hará de acuerdo con el lugar de residencia del niño o adolescente, a excepción de los juicios de divorcio o nulidad de matrimonio, en los cuales se fijará según el domicilio conyugal.
Acorde con dicha norma, el criterio atributivo de la competencia en razón del territorio en materia de protección de niños, niñas y adolescentes es la residencia habitual del niño, niña o adolescente, salvo en los casos por juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio (Vgr. Sentencia de la Sala de Casación social N° 216, del 16 de marzo de 2.010).
Lo dicho permite afirmar que no se trata de un supuesto de competencia territorial ordinaria, la cual se caracteriza por ser derogable convencionalmente y relativa, se trata de una competencia absoluta, por cuanto no permite ser prorrogada o renunciada por las partes. Si se permitiera la prorroga de la competencia, sea de forma expresa ( a través del pacto de foro prorrogando) o tácita ( cuando las partes realizan actos que implican renunciar a la competencia del juez determinado por la ley) , se estaría violando el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, así como, la garantía de la tutela judicial efectiva al niño o adolescente, como lo es facilitar su acceso a los tribunales mas próximos a su residencia, lo cual facilita la tramitación de la causas, reduce los gastos que ello genere a las partes, favorece el cobro regular de las pensiones por parte del niño, niña y adolescente y hace menos dispendioso el trámite para actualizar la pensión inicial.
Asimismo, si los niños están bajo la guarda de uno de los padres, el domicilio de este progenitor determinará el del menor, en conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Código Civil. (Sentencia Nro 0381 del 23 abril de 2.010, Sala Casación Social, exp N° AA60-S-2010-0005)
En este sentido, del libelo de demanda interpuesta por la ciudadana GRECIA URBINA, se aprecia que no estableció el lugar de residencia de los niños antes identificados (domicilio), debido a que ésta sólo se limitó a señalar que su domicilio procesal se halla ubicado en el sector Punto Alerepo. Paraguaipoa, Municipio indígena Guajira del Estado Zulia.
De igual manera de las entrevistas efectuadas en fecha dos (02) de julio del presente año, a los niños (se omiten los nombres de conformidad con el artículo 65 de la ley orgánica de protección de niños niñas y adolescentes) antes identificados, se desprende que los mismos para el momento que ejercieron su derecho de ser escuchados de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes manifestaron a este Tribunal que conviven con su progenitora ciudadana GRECIA URBINA FINOL y que la misma se encuentra domiciliada en el sector Casiano Lossada 3 del Municipio Maracaibo del estado Zulia, así mismo manifestaron que estudian en la Unidad Educativa ASTOLFO ROMERO, ubicada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, en consecuencia, adminiculando el dicho de la solicitante en su libelo de demanda relativo a su domicilio procesal, con las declaraciones de los niños de autos antes identificados, esta Juez se declara INCOMPETENTE para seguir conociendo la presente causa, en razón del TERRITORIO y en virtud de que la madre ejerce la guarda y custodia de los niños de auto conforme a lo dispuesto en el Articulo 33 del Código Civil; por consiguiente declina la competencia para conocer de la presenta causa al Tribunal de de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que resulte competente y ordena remitir el presente Expediente en su oportunidad legal a la Oficina de recepción y Distribución de documentos de los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se decide:
DISPOSITIVA:
Este Juzgado de los MUNICIPIOS MARA, ALMIRANTE PADILLA Y PAEZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: INCOMPETENTE EN RAZON DEL TERRITORIO para seguir conociendo la presente causa.
SEGUNDO: Declina su competencia en el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
TERCERO: Ordena remitir el expediente con sus actuaciones a la Oficina de Recepción y Distribución de Expedientes. Así se declara..-

Publíquese, Regístrese y Ofíciese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1348 del Código Civil, a los fines previstos en el Articulo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de los Municipio Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en San Rafael de El Moján, a los dos (03) días del mes de julio del año dos mil trece (2013).
Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZ,

Dra. JACKELINE TORRES CARRILLO LA SECRETARIA,

Abg. LEDYS PIÑA GARCIA
En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión siendo las 12:30 p.m., quedando anotada la sentencia bajo el N° 05 , y asentada en el libro diario bajo el N° 13.-
LA SECRETARIA,



Exp. N° 2907-13